El perjuicio que habría generado el ex cónsul alcanzaría unos 538 mil dólares.
Según la acusación, Arzamendia declaró falsamente ante la Dirección General de Administración y Finanzas de Relaciones Exteriores que contrató a nueve personas, que son Maura Figari, Sabino Mereles, Teodolina Flor, Gilberto Quiñónez, Grisell Gill, Apolonia López, Isaac Rojas, Barcilicia Candia y Alfredo Roa.
Todas estas personas supuestamente fueron contratadas para prestar servicios en la sede diplomática a su cargo y bajo su supervisión. En ese contexto, recibía mensualmente los cheques correspondientes a los pagos de haberes de las citadas personas. Sin embargo, estos contratados nunca han prestado servicios en la sede del Consulado.
Arzamendia se habría quedado con todos los cheques que llegaban al Consulado desde el 2005 al 2008, totalizando 421.814 dólares.
El acusado también habría utilizado contratos que no provienen de quien figura como su autor, remitiéndolos a la Cancillería, por lo que también está ligado al delito de producción de documentos no auténticos.
Extorsión. Igualmente, está acusado de extorsión, ya que supuestamente ha causado un perjuicio patrimonial a Alfonso Giménez por 2.600 dólares, Walter Delvalle por 44.000 dólares y a Alejandro Giménez Ruiz Díaz también por 44.000 dólares, ya que los funcionarios nombrados han firmado contratos por los montos determinados; sin embargo, el pago que recibían los mismos era por un monto menor.
Por último, el procesado también fue acusado por la utilización de marcas de valor no auténticas, ya que supuestamente ha legalizado documentos en los que se hallan adheridas estampillas no auténticas.
El Ministerio Público solicitó que su condena la cumpla en su residencia, atendiendo la avanzada edad del mismo.
En la víspera se realizaron los alegatos finales presentados por el Ministerio Público y para la fecha correspondería a la defensa. En su defensa, Arzamendia negó todos los cargos que le atribuyeron en el citado juicio oral.