Los fiscales anticorrupción René Fernández y Victoria Acuña pidieron a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que rechace la acción de inconstitucionalidad que había presentado el senador colorado Víctor Bogado, en la causa que se le sigue por cobro indebido de honorarios y estafa, en el caso conocido como la niñera de oro.
Vale remarcar que esta acción se mantuvo cajoneada durante casi dos años, hasta que los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Sindulfo Blanco vieron la necesidad de sacar de sus cajones el expediente y darle el curso, coincidentemente tras la renuncia forzosa del diputado colorado José María Ibáñez, en otro emblemático caso de corrupción conocido como los caseros de oro.
Se le corrió traslado a la Fiscalía Anticorrupción, donde los agentes intervinientes disponían de nueve días para contestar a la Corte. Sin embargo, faltando aún tres días decidieron acelerar el proceso y respondieron que se rechace in límine dicha acción.
Los argumentos son dos de los requisitos necesarios: el de contener el derecho expuesto (debe citar la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional que sostenga haberse infringido la Constitución Nacional); y tampoco agotó los recursos ordinarios.
“No reúne las condiciones de admisibilidad antes citadas, debiéndose rechazar por inadmisible la acción promovida”, señala el documento.
Ahora los miembros de la Sala Constitucional deberán correr traslado a la Fiscalía General para que también conteste su postura.
manifestación. La manifestación ciudadana realizada el lunes 8 de agosto frente al edificio del Congreso no solo logró la renuncia del diputado colorado José María Ibáñez, también que la Corte Suprema desempolve y saque de sus cajones el caso que tiene como principal acusado al legislador cartista.
La acción que llevó dos años durmiendo el sueño de los justos partió de la inhibición del juez Óscar Delgado, quien tenía la causa, alegando amistad con dos de los tres nuevos abogados del legislador.
La jueza en quien recayó la carpeta, Gricelda Caballero, impugnó la inhibición de Delgado y el Tribunal de Apelaciones la ratificó. Esta resolución de la Tercera Sala es la atacada por la defensa.
Luego se podrá realizar la audiencia preliminar donde el juez deberá decidir si Bogado y dos imputados más afrontan juicio oral y público.
