Política

Fiscala apela decisión de jueza que liberó al diputado Ulises Quintana

La representante del Ministerio Público solicita al Tribunal de Apelación que el legislador vuelva a la cárcel. Además cuestiona que se haya aceptado como fianza real un inmueble embargado.

La fiscala Antidrogas Lorena Ledesma apeló ayer la decisión de la jueza Penal de Garantías Magdalena Narváez, quien había puesto en libertad al diputado colorado Ulises Quintana, quien se encuentra imputado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Además cuestiona que la magistrada haya aceptado como fianza real un inmueble embargado y considerando que no existía peligro, ni de fuga, ni de obstrucción a la investigación.

Asimismo, Ledesma se ratificó una vez más que la magistrada se limitó a transcribir las argumentaciones de la defensa y hacer lugar a la petición, con lo que se evidencia una falta de motivación en la resolución.

“Ulises Quintana no puede disponer de ningún bien, ni ofrecerlo en garantía, circunstancia que el Juzgado Penal de Garantías debió haber advertido en primer lugar”, refiere una parte del documento.

La interviniente así también resalta que Narváez realiza una ponderación de que a esta altura ya se deberían haber colectado todos los elementos de convicción para la formulación del requerimiento conclusivo.

“El Ministerio Público es el que debe considerar todos los elementos para plantear un requerimiento conclusivo; sin embargo, es evidente la falta de conocimiento de la jueza sobre el contenido de las actuaciones obrantes en el expediente a su cargo, esto generó en ella una serie de argumentaciones y decisiones que no condicen con todos los elementos que se encuentran arrimados hasta la fecha y ocasionó este tipo de decisiones arbitrarias y sin fundamento alguno”, acotó la investigadora.

Finalmente requiere la revocación de la prisión preventiva contra el diputado.

La Justicia investiga sus nexos con el supuesto narcotraficante Reinaldo Cabaña, alias Cucho.

Según la imputación, el parlamentario intercedió ante los efectivos de la Policía por el secretario de Cabaña, quien había sido retenido en una barrera policial con la suma de 190.000 dólares. Sin embargo, el caso no fue registrado y por eso los policías también fueron procesados.

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