Frente a este contexto negativo, para atraer capitales externos necesitamos ofrecer incentivos que a la larga se convierten en privilegios tributarios a costa de nuestro propio bienestar.
Una parte relevante de estos problemas se solucionan con un adecuado control de los fondos de campaña. En las últimas semanas se discutió una propuesta que fue inutilizada por un grupo de parlamentarios.
En efecto, el bloque colorado junto con la ayuda de liberales llanistas de la Cámara de Diputados aprobaron y dieron media sanción al proyecto de modificación de la Ley de Financiamiento Político empeorando la situación inicial.
A juzgar por la forma en que quedó el proyecto, su interés principal está en ganar las elecciones con el apoyo de dinero sucio y que este hecho no pueda ser detectado y mucho menos penalizado.
La reforma que debería impedir el abuso de los recursos públicos y obligar a declarar todo el dinero utilizado en procesos eleccionarios terminó dándoles mayor opacidad a estos fondos.
El proyecto con media sanción eliminó la responsabilidad individual de los candidatos sobre los recursos que financiaron su contienda electoral y la posibilidad de que las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios, incluidas las autoridades de los tres Poderes, sean públicas y de difusión masiva.
Pero además solo los ordenadores de gastos (presidente, gobernadores, intendentes) tendrán la obligación de informar sobre los fondos utilizados. Los candidatos a concejales, tanto municipales como departamentales, al igual que los que pugnan por cargos partidarios quedaron fuera del control.
Para empeorar la situación, sacaron del circuito de control a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y evitaron que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) cuente con una unidad especializada para la prevención del lavado de dinero.
Las intenciones no podían ser más claras. No hay argumento a favor de estas medidas que impidan interpretar que el objetivo está en darle opacidad al dinero sucio, proveniente tanto de sectores ilegales como de sectores legales.
La falta de transparencia y la imposibilidad de trazabilidad de los fondos no solo se traducen en una competencia desigual, sino que además facilitan el lavado de dinero y el tráfico de influencias derivado del aporte del sector privado.
Con estas acciones de los políticos estamos muy lejos de poder convertirnos en un país serio, seguro y predecible, como la imagen que se quiere vender al exterior para lograr inversiones que beneficien a nuestro desarrollo.
Esta situación tarde o temprano afecta a una inserción económica internacional de calidad, por lo tanto este instrumento eminentemente político es central para la economía paraguaya. Ojalá la Cámara de Senadores revierta el escenario tan negativo que tenemos enfrente.
