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El secretario de Estado se reunió hoy en la Vicepresidencia de la República con el presidente en ejercicio, Federico Franco, a quien le entregó un informe sobre la crisis campesina y la reunión del sábado entre las autoridades y el sector en Capiibary, San Pedro.
Filizzola al retirarse de la sede fue abordado por la prensa y ratificó que los cascos azules no serán retirados del campo.
No obstante, manifestó estar preocupado ante los amparos emitidos por los jueces para que efectivos policiales resguarden los establecimientos ganaderos ante la amenaza de ocupaciones por parte de campesinos.
“La Policía tiene su presupuesto y le digo que para nosotros es un costo altísimo. Estamos evaluando desde el punto de vista legal qué es lo que podemos hacer. No se puede hacer un control aleatorio; esos policías deberían estar custodiando a toda la población y no solo a los establecimientos”, dijo.
Filizzola indicó que los labriegos denunciaron que muchos de los jueces, incluso, cobran por emitir las órdenes judiciales para protección de los campos que -afirmó- se hacen “sin mayor análisis”. Agregó que es preocupante porque hacer la cobertura policial demanda mucha inversión para el Ministerio del Interior.
“Los campesinos manifestaron eso y otras cosas más; dijeron que existe mucho favoritismo”, respondió cuando se le comentó que se maneja información de que se estaría cobrando por esas órdenes.
Filizzola dijo que no existe necesidad de quitar a los militares, tal como piden algunos sectores.
Según indicó Filizzola, este lunes seguirá la reunión con el titular del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Alberto Alderete y el ministro de la Secretaría del Ambiente (Seam), José Luis Casaccia, sobre el conflicto agrario que hoy enfrenta a los campesinos que denuncian violación de las leyes ambientales y los ganaderos.