“La ley se le aplica más bien a los campesinos y no a las personas que tienen poder económico y acá quiero decir con absoluta sinceridad que a nosotros nos complican muchísimo muchas veces los malos manejos del Poder Judicial”, sentenció ayer el ministro del Interior, Rafael Filizzola.
El secretario de Estado visitó bien temprano el local de la Vicepresidencia para reunirse con el segundo del Ejecutivo y en ejercicio de la Presidencia, Federico Franco, a quien entregó un informe detallado sobre la crisis campesina y el resultado del encuentro que mantuvieron el pasado sábado autoridades del Gobierno y los campesinos.
Filizzola al retirarse del organismo fue abordado por los medios de comunicación sobre la crisis rural y, tras explayarse bastante sobre la cuestión, empezó a disparar contra el Poder Judicial, fustigando en especial a los jueces. La crítica también alcanzó, aunque en menor grado, a los agentes del Ministerio Público.
El ministro del Interior recordó que los campesinos denunciaron que muchos de los jueces cobran por emitir las órdenes judiciales a fin de proteger los campos de los productores de soja y que los dictámenes son rubricados sin mayor análisis. Consideró preocupante la situación, ya que hacer cumplir las órdenes judiciales para resguardar las plantaciones de granos o fincas demanda mucha inversión para la cartera del Interior.
Filizzola admitió además que está de acuerdo con reclamos o reivindicaciones de los labriegos, no así con las medidas de fuerza o acción que toman los campesinos para llegar a sus objetivos.
Ya en declaraciones que brindó a radio Uno, Filizzola volvió a remarcar que recibe informaciones y denuncias de que jueces cobran una importante suma de dinero por firmar órdenes o amparos judiciales que obligan a la Policía Nacional a custodiar las propiedades de los empresarios.
“Vamos a tener que hablar con los jueces porque no corresponde que haya unos privilegiados y que tengan una custodia policial en detrimento de toda la población”, advirtió.
POLICÍAS SE QUEDAN. Además, anunció que los efectivos antidisturbios, más conocidos como cascos azules, no serán retirados del campo para proteger tanto a campesinos como a labriegos. Consideró inoportuno e improcedente la presencia de efectivos militares en el campo para solucionar la crisis rural, como plantean los grandes productores de soja.