Hace pocas semanas, la fiscala Teresa Martínez, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas, realizó un operativo para tratar de cortar una infame situación de prostitución de niños y niñas indígenas, incluyendo casos de consumo y microtráfico de drogas, que desde hace tiempo viene ocurriendo en frente y en los alrededores del local del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), donde están instalados precarios campamentos de nativos.
Esta problemática se viene registrando desde hace tiempo, sin que la institución estatal encargada de velar por los derechos de los indígenas haya hecho mucho por impedirlas. Por ello, resulta indignante la información publicada por este diario en su edición del lunes, revelando que el presidente del Indi, Aldo Zaldívar, ha ubicado a su novia, Susana Ramírez Ávila, como su secretaria privada, tras lograr que la misma sea comisionada desde la Secretaría de Emergencia Nacional (donde el propio Zaldívar también fue jefe de operaciones), y que además le haya otorgado una bonificación. A ello se suma la decisión de haber contratado como director jurídico a su concuñado, Jorge Mendoza Rivas, quien es pareja de la hermana de su novia.
Aunque Zaldívar haya sostenido ante este diario que ambos nombramientos no constituyen delitos y que corresponden a cargos considerados de confianza, la manera discrecional en que se utilizan los recursos del Estado para privilegiar con cargos públicos a personas de su entorno afectivo o familiar constituye una falta de respeto y una burla, tanto para los aborígenes como para el resto de la ciudadanía.
Hasta ahora, la gestión del Indi sigue resultando ineficaz para afrontar y solucionar los temas que le competen. La problemática social que sufren los pueblos indígenas, si bien se arrastran desde hace tiempo, se ha agravado aún mucho más en los últimos meses, como se puede percibir con la creciente presencia de niños y niñas de comunidades nativas que sobreviven en las calles de Asunción y de otras ciudades del país, en total estado de abandono, víctimas de la prostitución, el alcoholismo y las drogas.
Se ha vuelto frecuente ver a estos menores de edad disgregados de sus familias, tirados en las veredas, muchas veces en estado de inanición o constituyendo una presencia agresiva y peligrosa para los viandantes. Uno de los escenarios habituales se vive frente a la propia sede central de la institución, donde las comunidades indígenas permanecen en precarios campamentos, instalados en plena calle, sin encontrar respuestas efectivas a sus reclamos.
Ante esta dura realidad, el derroche de recursos decidido por el presidente del Indi en beneficio personal y de sus allegados implica claramente una afrenta que merece ser repudiada y que exige la intervención e investigación por parte de los organismos encargados de velar por la debida transparencia en la administración pública.
