El año pasado, cuando las autoridades del Ministerio de Hacienda presentaron el anteproyecto de Presupuesto, desde diversos sectores les habían alertado sobre la mala decisión de reducir los recursos dirigidos a la salud y la educación, justo en un año en que mayor necesidad hay de garantizar una adecuada protección a las condiciones básicas de vida, principalmente en el contexto de la pandemia del coronavirus.
Hoy estamos viendo los lamentables resultados en el ámbito de la salud, con mucha gente enferma buscando servicios de atención urgente, sin encontrarlos, endeudada y con el sufrimiento de las pérdidas de vidas.
Esta situación era previsible.
Solo bastaba analizar la evolución del Covid-19 en los países en los que se inició la pandemia antes de la llegada a Paraguay.
Un buen análisis de la situación les hubiera mostrado a las autoridades la necesidad de reforzar los presupuestos dirigidos a mejorar las condiciones habitacionales, el acceso a agua potable, la política laboral y la de protección social, pero dado que el Gobierno no tiene legitimidad para plantear un pacto amplio para salvar las vidas y la economía, el principal instrumento de política pública, solo pudo plantear medidas de bajo impacto, casi miserables para lo que se necesita.
La situación actual de la pandemia es un fiel reflejo de un Gobierno incapaz de proponer soluciones estructurales.
No fue posible garantizar medidas de contención para limitar la actividad económica sin que eso repercuta en el aumento del hambre y la quiebra de las pequeñas y medianas empresas, mipymes.
Las instituciones reguladoras del servicio del transporte público no fueron capaces de garantizar el cumplimiento de normas mínimas, siendo la movilidad una de las principales fuentes de contagio.
Todo parece demostrar que el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez está actualmente capturado por un grupo de empresarios sin escrúpulos ni compromisos con el país.
La Policía y las instituciones judiciales no pudieron controlar el apego a las normas en las fases de cierres parciales, lo que ocasionó una competencia desleal y la negativa de los sectores productivos que cumplen de continuar con medidas restrictivas.
La estrategia de vacunación no dimensionó su relevancia para salvar vidas, evitar las internaciones y acelerar la recuperación económica.
La conjunción de recursos públicos escasos y malutilizados junto con la incapacidad de hacer cumplir las normas crearon un estado de pandemia descontrolado que nos puso entre los primeros países en mortalidad.
El costo para el país será invaluable en vidas humanas, productividad e ingresos laborales.
De todos modos, no es tarde para redireccionar las políticas y para que los funcionarios públicos asuman sus responsabilidades, y si no pueden que presenten sus renuncias y se vayan.
La pandemia y sus consecuencias continuarán, por lo que se requerirá valentía para enmendar la situación y proponer soluciones ambiciosas para la recuperación del país.