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Inteligencia es una de las palabras más utilizadas por autoridades del Gobierno durante el Operativo Jeroviaha, que desde el jueves 8 de enero se desplegó por los departamentos de San Pedro y Concepción, en busca de miembros del presunto grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), tras el ataque y quema del puesto militar de Tacuatí.
Teóricamente, en medio del costoso y aparatoso despliegue de tropas, helicópteros, armamentos y equipos bélicos, se iba a privilegiar un trabajo combinado de la Inteligencia Policial con el de la Inteligencia Militar, no solo para hallar a los atracadores del cuartel, sino para desbaratar las muchas redes mafiosas que existen en el norte.
Sin embargo, inteligencia fue lo que más escaseó en la región ocupada, aparte de la comida para algunos soldados, que impulsados por el hambre o la soberbia hurtaron piñas, bananas, galletas y mortadelas en los ranchos, según denuncias documentadas por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).
Abrumado por el golpe mediático del ataque de una banda armada disfrazada de guerrilla virtual, el Gobierno optó por retrucar con la opción represiva. En lugar de una paciente tarea de investigación, espionaje e infiltración más efectiva, decidió gastar millones de guaraníes en una descomunal invasión militar y policial, con muy pobres resultados concretos hasta ahora.
Tras nueve días de intenso rastrillaje, haber capturado solamente a Silvino Cardozo Lara como uno de los atacantes reconocidos, es una magra cosecha. La detención de algunos pocos homicidas, rateros y asaltantes, tampoco da la idea de redes criminales desbaratadas. Y la contracara es penosa: dirigentes campesinos perseguidos y detenidos arbitrariamente por simples sospechas o rumores, maltratos y abusos de autoridad, conculcación de derechos básicos, denuncias de torturas, que ya repercuten a nivel internacional.
No todo se hizo mal, hay que reconocerlo. Hemos visto a muchos pobladores contentos y más seguros con la intervención policial y militar. Hemos visto a muchos miembros de las fuerzas de seguridad actuar con educación y respeto. Pero también hemos visto detenciones ilegales, miedo y susto en muchos rostros, y a autoridades obligadas a defender lo indefendible, a tener que avalar desde el Gobierno los mismos abusos que un año atrás ellos estaban denunciando.
Ojalá que si el rastrillaje continúa, tenga más éxito y respete los derechos humanos. Ojalá que el Gobierno se tome en serio la tarea de formar organismos modernos de verdadera inteligencia, y no solamente calcos de obsoletos servicios de represión. Y ojalá que cuando las tropas se retiren de San Pedro y Concepción, se inicie la verdadera ocupación gubernamental que hace falta: la que brinda salud, tierra, caminos, trabajo, educación, desarrollo.
