Marian Quiroga
El adecuado acompañamiento de los avances que se van dando en el campo de la niñez y la adolescencia en nuestro país es uno de los desafíos del sector. La falta de presupuesto, el seguimiento adecuado de los procesos judiciales, la carencia de recursos humanos, entre otros factores, inciden en este sentido.
En el caso de los procesos judiciales o cuestiones administrativas en este campo se debe considerar el interés superior del niño como principio orientador y de interpretación, indica la entrevistada.
Según María Eugenia Giménez de Allen, miembro del Tribunal de Apelación Niñez y Adolescencia, la solución de un caso de esta índole no depende exclusivamente del juzgador; intervienen varios actores dentro del proceso, y que cumplen una función fundamental de auxiliares de la justicia especializada.
“Los jueces de la niñez y la adolescencia tienen la importante función de ser intérpretes de este principio rector cada vez que dictan una resolución judicial, tarea por demás difícil en muchos casos”, afirma la magistrada.
En este sentido, agrega que los equipos técnicos del juzgado están compuestos por trabajadores sociales y sicólogos; representantes del Ministerio de la Defensa Pública, fiscales y abogados en su calidad de representantes de las partes y los mediadores.
La profesional señala que el Ministerio de la Niñez y Adolescencia tiene “un rol fundamental” en un gran porcentaje de los procesos que se encuentran en los juzgados del área, entre ellos, los juicios de medidas de cuidados alternativos, adopciones, medidas cautelares de protección, “en los que su intervención eficiente resulta importante para la solución del caso y el arribo a una resolución en la que realmente se garantice el interés superior del niño”, explica, y añade: “De lo contrario, nos quedamos en bellas enunciaciones de derechos insertas en leyes nacionales e internacionales las que son importantes, pero no suficientes para la protección integral de nuestros niños”.
FALTA DE PRESUPUESTO
La miembro del Tribunal de Apelación Niñez y Adolescencia expresa que se han concretado grandes avances en materia legislativa, con la promulgación de leyes que se han ido adecuando a la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, ratificada por nuestro país junto con otros instrumentos internacionales por demás importantes en el área de la infancia.
Sin embargo, la magistrada considera que no se ha acompañado estos avances con el fortalecimiento de los órganos competentes administrativos que requieren de la dotación de un presupuesto acorde a los fines impuestos en las leyes.
“Un ejemplo de lo manifestado lo constituye la reciente promulgación de la Ley 6486/2020 De promoción y protección de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, que regula las medidas de cuidados alternativos y la adopción, cuya adecuada implementación requiere de presupuesto adecuado y capacitación de los actores del sistema, factores que no fueron previstos y que hoy constituye una gravísima falencia que incide negativamente en la garantía de los derechos de la infancia más vulnerable”, expone.
Para Giménez de Allen, en ese caso, el Estado debió prever una vacatio legis para la entrada en vigor de esta ley, ya que no se contaban con las herramientas necesarias para su eficiente implementación. “No se trata solo de promulgar leyes; si no se cuenta con el presupuesto suficiente para su implementación, se genera expectativas que finalmente no se concretan. Nuestros niños son el presente y no pueden seguir esperando un Estado que finalmente priorice sus necesidades”, afirma.
