El titular de la consultora MF Economía sostuvo que un plan de gastos desfinanciado y, sobre todo, en colisión con la LRF tiene consecuencias tarde o temprano en las calificaciones internacionales que obtiene el país. Estas calificaciones, prosiguió, son las que finalmente terminan atrayendo o ahuyentando a los inversionistas.
“Esto (colisión con la LRF) termina impactando en la calificación de riesgo que dan al país, y eso tiene evidentemente su efecto en la economía. No se puede andar violando todos los años la Ley de Responsabilidad, que debería ser la ley madre, de referencia”, expresó.
A su criterio, es hora de ir pensando en convertir a esta normativa en un código. De este modo, no podrá ser pasada por alto cada año con la Ley de Presupuesto, afirmó.
“Eso nos daría mayor estabilidad, previsibilidad. Cuando se haga una reforma constitucional se debe pensar en convertir esta ley en un código, del mismo nivel que el Código Tributario, por ejemplo”, manifestó.
Errores y aciertos. Consultado sobre los principales errores en el tratamiento del PGN, el ex ministro señaló que nuevamente se dieron incrementos salariales sin el consentimiento de Hacienda.
Indicó que esto puede motivar al Ejecutivo a aplicar un veto parcial, de modo a no tener un plan de gastos desfinanciado.
En ese sentido, se mostró a favor de una objeción parcial, que ayude al Fisco a contener el aumento de los gastos rígidos.
En cuanto a los aciertos, consideró como muy positivo la autorización para emitir bonos por USD 602 millones. Dijo que esta es una herramienta muy útil para darles continuidad a los proyectos de inversión tendientes a reducir el déficit en infraestructura.
Reajustes. Según el documento aprobado en Senado, el mayor incremento salarial en el 2018 fue concedido al sector docente. El reajuste para los maestros será del 16%, lo que equivale a unos USD 111 millones.
Los médicos y funcionarios de Salud tendrán un aumento general del 8%, lo que supondrá USD 19 millones; mientras que los funcionarios de la ANDE tendrán un reajuste general de G. 600.000, equivalentes a USD 17,8 millones (ver infografía).
Teniendo en cuenta esos aumentos y el monto que quedaría desfinanciado (USD 40 millones, según análisis preliminar), desde Hacienda ya analizan un veto parcial. La otra opción sería un plan financiero muy riguroso.