Wilson Ferreira
CIUDAD DEL ESTE
Un grupo de ex funcionarios municipales se encadenaron ayer frente al acceso principal de la Municipalidad de Ciudad del Este, en reclamo del cobro de una indemnización por despido injustificado, con sentencia a favor confirmada por la Corte Suprema de Justicia. Con la acción, los afectados buscan llamar la atención de las autoridades municipales y de la ciudadanía.
Se trata de una lucha que en el ámbito judicial llegó hasta la máxima instancia, que condena a la Comuna al pago de la suma de G. 3.754.546.872 que debe ser distribuida entre los 23 accionantes de un grupo de 400 funcionarios municipales que fueron despedidos ilegalmente por el entonces intendente municipal Javier Zacarías Irun.
Hay una cuenta judicial abierta en el Banco Nacional de Fomento, en la cual a la fecha la Comuna lleva depositados G. 150.000.000, cifra considerada muy pequeña por los afectados que señalan que hace 17 años están peleando por sus derechos laborales violados.
“Para después de tantos años de lucha, nosotros consideramos una burla. Si depositaban por lo menos G. 1.000.000.000 no estaríamos acá, porque sería una suma razonable con relación a lo que nos deben. Con este monto es imposible quedarnos callados. Solo estamos reclamando lo que la justicia dice que por derecho nos corresponde”, comentó Gualberto Burgos, uno de los accionantes, al señalar que llegaron a un acuerdo en no tocar la cifra ya depositada.
Dijo que la Comuna reconoce la deuda, pero que tampoco les paga. “Siempre dicen que no tiene fondo, que de acuerdo a la disponibilidad, pero por lo visto nunca disponen de nada para nosotros. Desde el año pasado está presupuestado y por sanción ficta pasó para este año, ingresando automáticamente dentro del presupuesto anual del Municipio”.
JUSTICIA. Burgos señaló que a pesar de todo seguirán con la lucha, a la espera de que alguna vez se haga justicia. “Es lo único que nos resta. Del grupo de 23 que iniciamos este juicio, un compañero ya falleció y queda su esposa. Ahora tenemos tres compañeros que están con cáncer y que necesitan de su dinero. Ellos son los que más necesitan”.
Es la cuarta ocasión que se encadenan para llamar la atención de las autoridades y de toda la comunidad. Burgos considera que el depósito se realizó al solo efecto de demostrar ante el Ministerio Público que están cumpliendo la sentencia judicial.
Recordó que había denunciado a la intendenta municipal Sandra McLeod por desacato. “Ellos piensan que con esto se libran de una imputación la intendenta. Pero no es así. Vamos también a exigir que la fiscalía haga su trabajo como corresponde”.
APARTANDO. En representación de la Municipalidad, acudió hasta los manifestantes la abogada Graciela Flores, directora del Departamento de Asesoría Jurídica de la institución. Les explicó que habló con el director de la dirección de Administración y Finanzas, David Espínola, y que este le afirmó que se irá apartando el dinero, para cumplir con el compromiso.
“Él me dice que se va a ir apartando el monto que es para ellos y vamos a ir depositando en la manera que vayamos teniendo una cifra considerable. Ese es el mensaje que quiero transmitirles a ustedes. Quiero que entiendan que no depende de mí, sino de la institución”, refirió a los afectados.
En otro momento manifestó que como directora jurídica de la Comuna, es la más interesada en el respeto a una disposición de carácter judicial. “Como profesional, como asesora jurídica, más que nadie quiero que esto se cumpla”.
Antecedentes
El expediente judicial está caratulado “Luis Aníbal Páez Marsal y otros contra Municipalidad de Ciudad del Este, sobre ejecución de sentencia”. La Comuna perdió el juicio en primera instancia, en segunda instancia y en la Corte Suprema de Justicia, luego se realizó la liquidación en concepto de indemnización, salarios caídos, más intereses.
De este cálculo salió el monto que hoy reclaman los accionantes. En principio, la Comuna debió pagar la suma G. 2.754.546.872 millones, pero al desentenderse de la orden judicial, se le aplicó una multa de 1.000 millones.
Desde el 2007 la Comuna fue intimada, primero por el juez Atilio Saguier, luego por el juez Carlos Balmaceda y, finalmente, por el magistrado Mario Aguayo. Todos sumaron más de una notificación.
