La resolución fue dictada ayer, tras dos días de preliminar, por el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, quien entendió que el caso debía ser discutido en juicio oral y público, por lo que admitió la acusación del fiscal Luis Lionel Piñánez.
Además de los ex ministros, también deben ir a juzgamiento Silvio Amarilla, ex director de Inteligencia; Jessica Reyes, ex asesora jurídica de la Dirección Administrativa y Financiera; Antonio Salvador Pereira Fretes, administrador de la Senad.
También están Nicasio Bóbeda, propietario de la firma importadora Televox SRL; su hijo Alfredo Javier Bóbeda Mongelós; Hugo Danilo González, coordinador del Departamento de la UOC; y Javier Benítez, ex director del Departamento de Administración de la Senad.
Por su parte, con relación a los coprocesados, Silvia Jara Acha, contadora de la firma, y Alberto Daniel Ferreira Marti, ex encargado de la Unidad Operativa de la Senad, la preliminar se difirió para otra fecha, debido a que no asistieron porque tenían síntomas de Covid-19.
RESOLUCIÓN. El juez de Delitos Económicos rechazó los pedidos de sobreseimiento definitivo planteados por los acusados, con el argumento de que no existía hecho punible, ya que los equipos de escuchas sí estaban.
El magistrado rechazó los incidentes presentados por las defensas con el argumento de que eran cuestiones propias del juicio oral, por lo que le estaba vedado tratar estos puntos durante la audiencia preliminar.
La imputación data de noviembre del 2016, cuando el entonces fiscal Martín Cabrera imputó al ex ministro del Interior del gobierno de Horacio Cartes, y al ex titular de la Senad, Luis Rojas, junto con otras nueve personas.
Supuestamente, hubo sobrefacturación en la compra de equipos de sistemas de rastreo sensitivo móvil y de comunicación, presuntamente adquiridos de Inglaterra, en los años 2012 y 2015.
La Contraloría General de la República halló irregularidades en las facturas de la empresa denominada Televox. Según el fiscal, cuando estaba el ex ministro De Vargas, el perjuicio patrimonial fue de G. 9.406.120.000, en el año 2012, mientras que con respecto a Luis Rojas, en el año 2015, el perjuicio habría sido de G. 1.252.000.000.
La defensa sostiene que los equipos efectivamente fueron adquiridos. Es más, el Ministerio Público realizó varias investigaciones con los citados equipos, que ahora ya fueron reemplazados y se encuentran en la Senad. La Fiscalía dice que los equipos nunca llegaron.
Discusión sobre los equipos
Según el fiscal de Delitos Económicos, Luis Lionel Piñánez, los dos equipos de escuchas nunca llegaron a la Senad, mientras que la defensa sostiene que los mismos sí fueron adquiridos y actualmente están en la sede de la institución. Según el agente del Ministerio Público, eso justamente es lo que se va a tener que probar en el juicio oral y público. El abogado Mario Elizeche, que representa al ex director de la Senad Luis Rojas, alega que la Fiscalía parte de una base falsa y que sí llegaron los aparatos.