Los ex parlamentarios Carlos Duarte Torres, diputado colorado entre 1989 y 1993, y Enrique González Quintana, senador oviedista entre 1998 al 2013, presentaron una nota instando a Santiago Peña, presidente de la República, a derogar la nueva Ley 7424/25, promulgada el 9 de enero este año, que crea el Registro Unificado Nacional (RUN). Este pedido se realizó a través del movimiento político Tetãgua Sapucái que ambos integran.
En la misiva se hace referencia a varias presuntas irregularidades dentro de la citada normativa, entre las que se menciona que “En el Capítulo III que legisla sobre la Mensura Judicial Voluntaria con la Mensura Judicial dentro de un juicio de Deslinde”.
“Esto es un error que venían cometiendo los jueces y también el Registro General de la Propiedad porque la Mensura Judicial Voluntaria o Mensura Judicial, es el solo hecho del mensurante de querer conocer las medidas y superficie de la fracción que ocupa por lo que no se amojona, ya que dicha posición está bien definida”, se alega.
“Se compara con las medidas y la superficie del título de propiedad, que da el derecho a la posesión y así poder determinar si ocupa toda la superficie a la que tiene derecho u ocupa una superficie mayor o menor”, se cita como el primer error mencionado.
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Así también denuncian que otro error de la ley es que las actas de inicio y finalización de los trabajos de campo de la mensura judicial deben ser labradas en el Juzgado.
“El juez se constituirá en el lugar y labrará acta de todo lo que realice, incluyendo las posesiones que se presentaren en el acta de inicio y en el de la finalización, se labrará acta de todo lo sucedido durante el trabajo de campo”, indica también el documento.
Cuestionamientos
En enero de este año, Peña había promulgado la Ley 7424, que fusiona a instituciones relacionadas con trámites inmobiliarios y que plantea solucionar la superposición de títulos. Ya en ese momento, legisladores de la oposición habían advertido que la nueva normativa se prestaba a estafas en la venta de propiedades.
No obstante, de acuerdo con el oficialismo –cuyo portavoz fue Basilio Bachi Núñez, presidente del Congreso–, “esta ley representa un paso fundamental que permitirá un acceso más eficiente y seguro a la información y contribuirá a mejorar la gestión territorial e impulsará el desarrollo económico y social”.
La ley se había impulsado con el fin de promover la seguridad jurídica y la celeridad en los trámites registrales y catastrales, a través de la fusión de la Dirección General de Registros Públicos, la Dirección de Catastro y el Departamento de Mensura y Geodesia. En su momento, generó bastante polémica y serios cuestionamientos.
