Toda persona que cumpla una función pública, o tenga facultades de uso, custodia, administración o explotación de fondos, servicios o bienes públicos, cualquiera sea la denominación del cargo, o su forma de elección, nombramiento o contratación y que cometa hecho punible de enriquecimiento ilícito será sancionada con pena privativa de libertad de uno a diez años, refiere parte del artículo 2 de la Ley Nº 2523/4.
Esta misma ley utilizaron los fiscales para presentar imputación contra varios ex funcionarios, alegando que tuvieron incrementos patrimoniales desmedidos y que no condice con lo que habían percibido en sus puestos de trabajo.
El último caso que saltó a la luz pública es el del ex fiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón, procesado por no poder justificar G. 1.147.058.591. Actualmente cuenta con una orden de detención pendiente.
Los montos que figuran en la declaración jurada del ex hombre fuerte del Ministerio Público son en concepto de salario, por el ejercicio de la docencia, por la venta de ganado y en algunas ocasiones por préstamo otorgado. Sin embargo, no comprueba de dónde provendría el resto del dinero.
Luego se encuentra el ex comandante de la Policía Francisco Alvarenga Núñez, quien tiene diez inmuebles registrados a su nombre. Además había adquirido vehículos costosos.
Para la Fiscalía era sospechoso que cuando asumió como máximo jefe policial en el 2013, Alvarenga declaró poseer inmuebles por un valor de G. 226 millones. Dos años después, al dejar el cargo en mayo del 2015, declaró tener bienes por G. 2.400 millones.
Otro de los procesados supuestamente por enriquecerse ilegalmente es el ex secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Según la Fiscalía, Raúl Fernández Lippmann en su función dentro del órgano enjuiciador de magistrados y fiscales habría percibido montos de dinero y otros beneficios indebidos, cuyas sumas fueron depositadas en cuentas bancarias a nombre de Cristian León, un funcionario a su cargo que habría actuado de prestanombre.
El monto total depositado en las diferentes cuentas supera los G. 3.000 millones, cifra que no coincide con su salario. Igualmente, de acuerdo con la investigación fiscal, posee operaciones de compra de divisas que orillan los USD 24.000, entre otras presuntas irregularidades.
Otro que figura en la lista es Miguel Ángel Carballo Gómez, conocido como el mecánico de oro del senador colorado Víctor Bogado.
Carballo formó una sociedad anónima con capital social de G. 5.000 millones, como también adquirió un inmueble de G. 1.900 millones en Asunción. El mecánico figuraba como funcionario de la Cámara de Diputados.
