La fiscala anticorrupción Victoria Acuña amplió imputación contra las ex autoridades de la Contraloría General de la República, Óscar Velázquez y Nancy Torreblanca, y otros diez funcionarios por supuestos hechos de corrupción. Entre estos se encuentran los jugadores del club de fútbol del ex contralor, que fueron contratados como técnicos de la institución.
Se trata de Richard David López Benítez, Leonardo Ariel Núñez Jara, Pedro Francisco Jara Cassa y Hugo César Medina López. Todos fueron contratados en el 2010, 2012 y 2013 como “personal técnico”, a pesar de que ninguno es profesional universitario. Los mismos son jugadores del Club Corrales, donde el ex contralor también es dirigente, según pudo constatar ÚH a través de investigaciones periodísticas.
Todos ellos fueron imputados por la supuesta comisión del hecho punible de cobro indebido de honorarios e inducción a un subordinado a un hecho punible y estafa. Con esto, Velázquez y Torreblanca ya afrontan su segunda imputación.
Además, fue imputada Ana Monges Rejala, conocida como Anita en la entidad, vinculada sentimentalmente con el millonario de las horas extras, Eduardo Gadea, sobrino del contralor Velázquez, quien cobraba como profesional, sin tener un solo diploma.
También fueron imputados el director de Talento Humano de la institución, Roberto García; la directora general, Luisa Almada; la auditora interna, Celia Cardozo Ríos, y dos funcionarios más: Alcides Daniel Paiva García y María Alejandra Gómez Alonso.
El acta de imputación refiere que el 22 de mayo de 2014, el entonces contralor Óscar Rubén Velázquez resolvió designar a López Benítez y a Medina López auxiliares de servicio, y a Núñez Jara y Jara Cassa, como técnicos II. En tanto, las mujeres Gómez Alonso y Monges Rejala, y Paiva, como profesional I.
Luego, estos fueron ascendidos en sus cargos. Es decir, los mencionados ostentaban cargos de profesionales, a pesar de que no contaban con título universitario, tal como exige la resolución de la CGR 627/2002.
También señala el escrito que Velázquez ordenó la asignación de remuneraciones correspondientes a los años 2014 y 2015 y la subcontralora en ese entonces, Torreblanca, disponía del patrimonio de la institución. Por su parte, el director de Talento Humano, García, certificó que los mismos reunían los requisitos, y la directora general Luisa Almada verificó y rubricó los comprobantes de pago junto con Torreblanca.
Finalmente, Cardozo Ríos se encargaba de remitir mensualmente memorandos en los que figuraban los informes relacionados a las planillas de pagos.
La representante del Ministerio Público solicitó medidas alternativas a la prisión para los 12 imputados.
El juez Alcides Corbeta mencionó que va a analizar la imputación para admitir y procesar a los mismos.
ÚH destapó los hechos de corrupción en la Contraloría General de la República, publicando primeramente el caso de Liz Paola Duarte, más conocida como la secretaria vip, quien habría cobrado la suma de G. 37.421.299 solo durante el mes de octubre del año 2013.
La misma cuenta con medidas alternativas a la prisión.