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Ex compañeros de colegio de Ibáñez le piden su renuncia

Los compañeros de promoción del diputado colorado José María Ibáñez le piden que renuncie a su banca luego de haber sido salvado de perder su investidura.

Los ex alumnos del Colegio Nacional de la Capital (CNC), Promoción 1987- General Bernardino Caballero, le pidieron a José María Ibáñez que renuncie a su banca “por el bien del Paraguay”.

“Su permanencia en el cuerpo legislativo le resta credibilidad a uno de los poderes más importantes de la nación”, expresaron en un comunicado emitido este sábado.

Manifestaron que la “reprochable conducta” de Ibáñez les afectó porque no solo fueron compañeros de colegio del legislador, sino que este también fue dirigente del Centro Estudiantil 23 de Octubre.

Ya en el 2003, un ex compañero suyo de colegio recordó que el diputado había utilizado los fondos del curso para viajar al Brasil, con un grupo reducido de amigos, sin informar a los demás compañeros, cuando –además– era presidente del Centro Estudiantil.

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Los ex compañeros también repudiaron el accionar corporativo por parte de los integrantes de la Cámara Baja al evitar, ya sea por medio del rechazo como por la abstención de sus votos, que el legislador colorado pierda su investidura.

Durante la sesión extra del miércoles, en Diputados no hubo los votos necesarios para destituir a Ibáñez. De los 53 diputados que lo salvaron, 42 se abstuvieron, 6 votaron en contra de la iniciativa y 5 se ausentaron de la sesión.

Esto causó mayor indignación de la ciudadanía tanto contra Ibáñez como contra sus colegas que lo blanquearon. Un grupo de manifestantes hizo pintatas en la casa del legislador colorado, pero advirtieron que las protestas y escraches alcanzarán también a los demás. Varios locales se sumaron al escrache.

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El proyecto de pérdida de investidura lo presentó un grupo opositor en la Cámara de Diputados, a raíz del caso caseros de oro, que terminó en la Justicia ordinaria con una suspensión condicional del proceso cuando Ibáñez admitió que con dinero del Estado pagó el salario a tres de sus empleados que trabajaban en una propiedad suya de Areguá.

El legislador había sido acusado por la Fiscalía por tres delitos, entre ellos, por estafa. Durante el procedimiento se comprometió a devolver los G. 30 millones que el Estado había destinado para sus caseros, a reparar el daño social a través de la compra de un generador para el leprocomio Santa Isabel y de otras donaciones por valor de G. 5.000.000.

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