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Evitar la competencia desleal entre proyectos empresariales

El caso de amplia difusión esta semana acerca de la creación de una empresa cementera por el Grupo Cartes debe ser analizado no solo desde un punto de vista jurídico, sino también ético. El relativamente pequeño tamaño del mercado de cualquier bien o servicio en Paraguay hace difícil garantizar que funcionen de manera competitiva. El rol del Estado es fundamental e indelegable para solucionar esta falla. Deben existir regulaciones y estas deben ser penalizadas en caso de incumplimiento de manera a garantizar eficiencia, es decir, precios bajos y calidad alta mediante la competencia entre empresas.

El acceso a información privilegiada, el tráfico de influencia, la colusión entre empresas, la “puerta giratoria”, los vínculos político-empresariales que implican conflictos de intereses obstaculizan el buen funcionamiento de los mercados, por lo que los países desarrollados cuentan con las normativas y la institucionalidad necesarias para hacerlas cumplir y castigar su violación.

Paraguay necesita avanzar mucho en este sentido, tanto jurídica como éticamente. Los vacíos legales revelan no solo intereses creados para no legislar y penalizar estas situaciones sino también desconocimiento y falta de conciencia ciudadana sobre estos hechos como problemas morales con fuertes repercusiones negativas en el bienestar.En un país serio y comprometido con la legalidad y el bien común, ningún sector con intereses económicos particulares estaría rondando los pasillos de los poderes del Estado, menos aún acompañado por una autoridad.

Esto no solo es relativamente común en Paraguay, sino que además se publicita desde el sector público como si fuera un hecho positivo relevante cuando que en realidad se están dando señales de la posibilidad de lobby a favor de intereses particulares.Uno se pregunta: ¿qué pasa con los emprendedores que no tienen posibilidad de conseguir una audiencia con las autoridades? O, ¿cuál sería la razón de una visita si las normas fueran las mismas para todos?Otro problema clave que enfrenta el país es la de funcionarios que rotan del sector privado al público.

El discurso con connotación positiva es el de tecnócratas que entran al servicio civil para llevar las buenas prácticas de eficiencia a las instituciones estatales; sin embargo, en realidad terminan siendo casos de acceso a información privilegiada que luego se transforma en asimetrías de información cuando vuelven al sector privado.

El tráfico de influencias es otra de las consecuencias negativas potenciales de esta práctica.El Paraguay no se va a desarrollar hasta que no combatamos este tipo de conductas que, además, deben ser concientizadas en la ciudadanía como acciones negativas, que aunque no estén tipificadas como corrupción son parte de este flagelo tan común en determinados sectores de la sociedad, de la política y del sector público.

Nuestro país necesita con urgencia fortalecer el marco jurídico y las oficinas encargadas de su implementación como de su castigo. Paralelamente, se requiere una carrera del servicio civil basada en la meritocracia, de manera que ninguno de estos problemas constituya un factor de vulnerabilidad para el trabajo profesional e íntegro de los funcionarios públicos. Los tres poderes del Estado tienen enormes desafíos en la construcción de una institucionalidad fuerte que garantice el buen funcionamiento de los mercados, la productividad y el bien común.

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