El proyecto, a cargo de la Facultad de Facultad de Arquitectura Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción (FADA–UNA) con el financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) registró 523 espacios públicos abiertos en tres ciudades analizadas y tomó una plaza como referencia por localidad: plaza Italia en Asunción, plaza Palma Loma en Luque y plaza 29 de Setiembre en Fernando de la Mora.
De manera simultánea realizaron un mapeo, cada dos horas, en cuanto a la concurrencia en dichos lugares y a los usos. Durante este análisis se concluyó que, tanto en la plaza de Asunción como en la de Luque, existía una proporción similar en cuanto a la presencia de hombres y mujeres. Sin embargo, en la plaza de Fernando se observó una alta disparidad entre la cantidad presente de hombres y mujeres.
“De los tres días de mediciones en campo, el 77% de las personas contabilizadas fueron de sexo masculino, mientras que el 23% fueron de sexo femenino. La baja concurrencia femenina está vinculada a que una de las principales actividades realizadas en dicha plaza son los torneos de fútbol, así como la práctica de deportes grupales (fútbol y vóley) y el área de calistenia, todos estos practicados principalmente por jóvenes y adultos hombres, además de la percepción de inseguridad por parte de las mujeres debido a la presencia de grupos consumiendo marihuana y alcohol, tanto en los torneos de fútbol como al final del día”, señala parte del estudio.
Inaccesibilidad. A nivel general, la arquitecta Karina Stanley, investigadora principal del proyecto, indica que otro de los problemas es que la infraestructura peatonal en el entorno de estos espacios no está en condiciones; es decir, no existen suficientes rampas o las veredas se encuentran obstaculizadas o en mal estado, lo que impide una libre circulación para personas en silla de ruedas o padres que llevan a niños en carrito.
Como conclusión del estudio se recomienda a los municipios apuntar las bases de modo a establecer políticas claras e inclusivas en cuanto al uso y mantenimiento de los espacios públicos, en articulación con el Gobierno nacional. También la coordinación, seguimiento y monitoreo constante de las acciones a ser realizadas por los actores civiles y privados.