Según el procurador general, Enrique García, “el patrimonio del Estado entra en riesgo desde el momento en que el Estado contrata con empresas, con personas, con instituciones, para poner en movimiento su propia misión”.
Citó como ejemplo los contratos viales. “Se pactan cláusulas contractuales que después permiten que el Estado tenga que pagar intereses por pagos en mora que son evitables en la medida en que las cláusulas hubiesen sido optimizadas para beneficiar el patrimonio estatal”, explicó.
Apunta que, pese a ello, la Procuraduría no está presente en el proceso de elaboración de esas cláusulas de contratos ni en el proceso de elaboración del análisis de adjudicación de esta u aquella firma.
“O sea, un poco lo que hace Contrataciones Públicas y lo hace obviamente porque está facultada administrativamente para eso. Pero la custodia patrimonial es una materia constitucional encomendada a Procuraduría. Por ello, debería estar en la elaboración de los aspectos jurídicos de los contratos que ponen en riesgo el patrimonio estatal por el hecho de establecerse la relación contractual”, afirmó.
“Hay momentos mucho antes de las demandas contra el Estado que llegan a la Procuraduría ya con pocas chances a veces”, remarcó.
Con ello, la idea es asesorar en esas contrataciones, a los efectos de que luego el propio Estado paraguayo se beneficie con ello. Para ello, alega que la aprobación de una carta orgánica es fundamental.