Un grupo de campesinos representados por la Coordinadora de estafados por el CAH (Crédito Agrícola de Habilitación) se reunieron con la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y en el encuentro también estuvieron autoridades del CAH, a fin de tratar de llegar a un acuerdo respecto a la causa de supuesta estafa de la que habrían sido objeto los labriegos por parte de funcionarios del CAH.
Los representantes de las víctimas solicitaron que se impulsen las investigaciones en las causas abiertas por supuestas estafas, donde aparentemente se utilizaban cédulas de los labriegos con las cuales eran retirados créditos del CAH, pero por terceras personas.
A G. 3.300 millones asciende el dinero que se estima fue dado supuestamente en carácter de crédito, la deuda que pesa sobre un grupo de campesinos.