Editorial

Estado paraguayo debe recuperar el control de la zona fronteriza

La disputa entre dos facciones de la organización criminal Primer Comando Capital (PCC) por asumir el dominio de la zona fronteriza en el Amambay ha causado un total de 11 muertos en 13 días. En pocas situaciones como la actual, el Estado paraguayo se ha mostrado tan impotente para garantizar el bienestar y la vida de sus ciudadanos, en este caso particular de los habitantes de ciudades fronterizas que se ven atrapados por el fuego cruzado del poder criminal. Mientras aumentan los casos de sicariato en la zona, y se extienden hacia la capital, al Gobierno se le está acabando el tiempo. Ya no se trata solo de cambiar funcionarios, lo que el Gobierno necesita de manera urgente es un plan de acción para recuperar la zona fronteriza que ha caído en manos del crimen organizado.

eHace dos años, una investigación financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) estudiaba los efectos de la presencia del grupo criminal brasileño Primer Comando Capital en Paraguay. El PCC, se decía entonces, marcaba presencia en casi todas las cárceles del país, y su poder iba en aumento.

El PCC, una organización delictiva nacida en una cárcel del estado de São Paulo, Brasil, en 1993, hoy tiene decenas de miles de miembros y logró posicionarse como el grupo criminal más poderoso en Paraguay.

La investigación académica estudió los impactos políticos y sociales que tiene el PCC en el país, y ya hace dos años advertía sobre las falencias de los organismos de seguridad al abordar el problema. El trabajo fue realizado por el doctor en Criminología Juan Martens.

Desde la publicación del estudio, en la zona fronteriza del Amambay han corrido ríos de sangre, y es un hecho que la escalada de violencia reciente se debe a una disputa entre dos facciones del PCC por el dominio de la zona.

Desde Pedro Juan Caballero llegan a diario los reportes de la actividad de sicarios, y ya hubo ataques en la capital y en el área metropolitana. Los últimos acontecimientos generaron sin embargo una mayor preocupación pues dejan expuesto al Estado paraguayo completamente impotente ante el crimen organizado.

En Pedro Juan Caballero, hace una semana, cuatro personas murieron acribilladas por un sicario, una de ellas hija del gobernador del Departamento de Amambay. De las más de 100 vainillas de proyectiles que fueron levantadas como evidencias en la escena del cuádruple crimen, se cuentan algunas con la inscripción de la Dirección de Material Bélico (Dimabel). Los proyectiles del rifle fusil AK-47 habrían sido utilizados en otros atentados.

En otro hecho, un juez remitió a un presunto narco a la cárcel de Pedro Juan Caballero y se justificó diciendo que desconocía los antecedentes. Según la Secretaría Nacional Antidrogas, Faustino Ramón Aguayo es un poderoso narco, casi desconocido hasta el 2019. La Fiscalía lo encontró ayer cómodamente alojado en una celda vip en la cárcel de Pedro Juan Caballero.

Un tercer hecho: las autoridades brasileñas desarticularon una banda conocida como “Rápidos y Furiosos”, que se dedicaba a trasladar dinero, drogas, cigarrillos u otras mercaderías desde Paraguay hasta el Brasil. Entre las evidencias halladas figuraba un video que los mostraba escondidos en un puesto policial y militar de Paraguay. El puesto estaba custodiado por uniformados, quienes habrían brindado protección a los sospechosos del lado paraguayo de la frontera seca.

Los sucesos enumerados exponen a un Estado paraguayo impotente, con instituciones débiles y funcionarios cómplices del crimen organizado. No solamente es incapaz de proteger a sus ciudadanos de esta ola de violencia, sino que al mismo tiempo se gana a pulso su desprestigio y falta de credibilidad ante el mundo.

Atrapado en medio de una guerra entre criminales, al Gobierno se le está acabando el tiempo. Ya no se trata de cambiar funcionarios. Urge un plan de acción para recuperar la zona fronteriza.

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