Editorial

Estado fuerte para combatir el contrabando

El Estado paraguayo se ha caracterizado por contar con un sector público débil para garantizar el estado de derecho. Durante la dictadura permitió que diferentes grupos económicos y políticos se apropien de la cosa pública, desde el control de las fronteras hasta tierras fiscales. A partir de la democracia, si bien se ha avanzado en el marco jurídico y en la creación de oficinas gubernamentales con competencias para controlar y fiscalizar, estas no tienen los recursos necesarios y, en muchos casos, tampoco la intención real de ejercer con calidad sus funciones. El control del contrabando es el más reciente ejemplo de esta situación.

Desde el momento en que no existe la carrera del funcionario público, no están debidamente normados y penalizados el tráfico de influencias, la puerta giratoria, la colusión y el conflicto de intereses y no cuentan con recursos suficientes, estas oficinas no cumplen con los objetivos para los que fueron creadas.

El Estado paraguayo tiene más de 30 consejos integrados con representantes del sector público y del sector privado, la mayoría de ellos tiene alguna función contralora. Sin embargo, dado que en su mayoría son juez y parte a la vez, además de inútiles traen consigo serios problemas éticos y legales a la institucionalidad.

Si consideramos el rol fiscalizador, solo basta ver el tamaño de las oficinas dedicadas a garantizar el cumplimiento de las normas laborales como el IPS y el Mtess. Son casi inexistentes, lo que explica los altos niveles de evasión a la seguridad social y de incumplimiento de las leyes respectivas.

La lucha contra el contrabando se relaciona con el rol de control del Estado, uno de los más importantes y que es casi imposible de transferir a otras instancias como al sector privado o la sociedad civil.

Algunas de las instituciones más importantes como el servicio aduanero o los militares en la frontera están entre las más corruptas, situación a la que se suma el sector privado. La debilidad pública ha beneficiado históricamente a un determinado sector empresarial formal, informal, grande o pequeño en este ámbito, que ha sacado gran provecho de esta situación.

La percepción ciudadana es clara en este ámbito si analizamos las redes sociales y el posicionamiento de una importante proporción de la población que ve con asombro cómo en esta ocasión los gremios más importantes se han movilizado con una campaña en la que el consumidor es su principal sujeto de influencia.

Este mismo consumidor es el que ha sido afectado por un gremio impasible ante la pandemia por la falta o los costos de medicamentos a nivel interno y cuya solución ha sido recurrir a la ciudad vecina de Clorinda.

Los campesinos sufren permanentemente por la entrada irregular de frutas y verduras del exterior. Las consecuencias han sido trágicas ya que este contrabando contribuye a la pobreza rural, el endeudamiento, la pérdida de tierras y la migración de jóvenes a las ciudades.

La indefensión a la que siempre estuvo sometida la gran mayoría de la población con respecto al contrabando derivado de la debilidad estatal hace que hoy sea resistente a cumplir una campaña en la que se pone toda la responsabilidad en el consumo y no en el sector público o en el sector privado, principales responsables del problema.

Si el país no logra fortalecer la institucionalidad pública para mejorar su capacidad de control y fiscalización y que este rol signifique mejoras para todos, será difícil lograr resultados estructurales y de largo plazo. La lucha contra el contrabando es uno más de tantos problemas irresueltos que afectan a la ciudadanía y su resolución también depende de un cambio estructural del sector público para que pueda cumplir uno de sus roles más importantes.

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