Economía

Especialista señala algunos déficits en protección social

La economista Verónica Serafini sostiene esta tesis en su nuevo libro La protección social en el Paraguay – Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, presentado recientemente por el Cadep.

Al tiempo de recordar que el seguro social solo cubre al 25% de la población que trabaja, la economista Verónica Serafini expone que existen aún vacíos y áreas no cubiertas en torno a la protección social en el país, mientras que los programas de atención no están debidamente conectados.

Así lo menciona en el libro La protección social en el Paraguay – Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, presentado por el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep). En el estudio se observa el marco jurídico-institucional del país y los déficit que aún se arrastran.

Esta investigación tiene como objetivo analizar la situación actual del sistema de protección social y los principales riesgos y vulnerabilidades que enfrenta la población paraguaya, teniendo en cuenta su ciclo de vida, su área de residencia y su sexo, a la luz de los compromisos nacionales e institucionales asumidos por el país en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

“La principal razón para endeudarse en Paraguay es la salud, según una encuesta de inclusión financiera. Si el 60% de la gente trabajadora lo hace por cuenta propia, cómo podrá sacar un crédito para emprender un negocio, si está endeudado como consecuencia de su estado de salud”, se pregunta la especialista.

Además, la coyuntura actual que tuvo en recesión al país impide que se tenga un mínimo asegurado para invertir.

Serafini dijo que en el campo, la pobreza muchas veces obliga a vender el arado y algunos animales, con lo cual ya no se puede volver a producir. Uno de los inconvenientes para salir adelante en el sistema productivo es que no se cuenta con un seguro agroclimático, según dice.

Serafini destaca que casi el 80% de la población es vulnerable por alguna razón, ya que los ingresos son relativamente bajos; mientras que el 70% de la población económicamente activa gana menos que el salario mínimo.

Ante la falta de un seguro agroclimático, si llega una tormenta y destruye la cosecha, aunque el productor no haya estado endeudado, no podrá volver a producir, ya que solo en el rubro del tomate los costos pueden ascender hasta a G. 20 millones, remarca Serafini.

A esto se suma la pérdida de la capacidad adquisitiva con la elevación de los precios de los productos frutihortícolas en las ciudades, puesto que el tomate, el locote o la cebolla se deben empezar a importar. “La inflación de alimentos es el doble de la inflación promedio; mientras que el seguro agroclimático permitiría volver a producir una semana después, ante eventuales factores adversos”, sostiene.

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