Opinión

Esclavos de secretarias, operadores y planilleros

Iván Lisboa – ilisboa@uhora.com.py

No es un secreto que el presupuesto público paraguayo no alcanza para realizar las inversiones necesarias para tener sistemas de salud y educación de primer nivel, rutas en buen estado o servicios básicos de calidad.

Pero tampoco es un secreto, y que me disculpe la minoría laburadora, que el presupuesto público no alcanza porque el enorme aparato estatal está compuesto, en una gran proporción, por funcionarios ineptos, cuya única función es no hacer nada, como las famosas secretarias de parlamentarios, los seccionaleros en las binaciones y hasta incluso los planilleros repartidos por cuanta institución pública exista.

Es así que, como estos inútiles se volvieron intocables, obviamente, se necesita recaudar más. En ese sentido, el proyecto de reforma tributaria que está impulsando el Gobierno nuevamente está pensando castigar al consumidor para seguir manteniendo el statu quo.

Pero, ¿por qué? Porque, por un lado, los impuestos directos, que son aquellos que gravan las rentas o ganancias, seguirán permitiendo amplias deducciones que terminan por volver casi insignificante a la tasa efectiva (pago real). Salvo las limitaciones puestas a las inversiones en inmuebles y la creación de un impuesto a los dividendos sin descuentos, los contribuyentes del impuesto a la renta personal (IRP) y del impuesto a la renta empresarial (IRE) podrán seguir deduciendo prácticamente todo.

Por otro lado, en cuanto a los impuestos indirectos, que son los impuestos que son abonados por cualquier consumidor, si bien se decidió no tocar las tasas vigentes del impuesto al valor agregado (IVA), se plantean duros reajustes en el impuesto selectivo al consumo (ISC) que van desde el 40% hasta el 200%, afectando principalmente a productos como las bebidas gaseosas, alcohol, cigarrillos, celulares, autos usados y motos, entre otros.

Además, se propone que aquellos consumidores de servicios digitales como Netflix, Spotify, Uber y otros también paguen un 10% más en concepto de IVA.

Es difícil imaginarnos todos estos cambios cuando hace días nomás éramos testigos de nuevos casos de meteóricos ascensos en el Congreso de exuberantes mujeres que, sin más méritos que su físico, consiguieron que legisladores les concedan generosos aumentos; mientras que en el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) saltó otra decena de casos de reubicaciones a seccionaleros sin más virtudes que mover electores en tiempos críticos.

Pero hasta ahí. Más allá de las quejas en redes sociales, nadie hizo nada. Todo esto sin olvidarnos de que sigue pendiente en el Congreso un proyecto de ley para dejar sin efecto los selectivos incrementos salariales concedidos desde el Legislativo mismo a más de 2.000 operadores, sin concurso ni aval técnico de Hacienda.

La Comisión Interinstitucional del Gasto, creada por el Ministerio de Hacienda para idear transformaciones en la calidad del gasto estatal, pese al barullo inicial, no ha traducido en nada concreto. Este equipo ni siquiera ha presentado oficialmente aún un proyecto de ley que nos muestre cómo se van a combatir el clientelismo, el nepotismo o la prebenda.

El Gobierno no está en condiciones de pedir nuevamente que la gente confíe en las autoridades. Después de que hayan pasado gobiernos de todos los colores e ideologías, la confianza es algo que las autoridades deberán ganarse con hechos concretos, ya nadie cree en sus promesas vacías y de tinte hipócrita.

La esclavitud, en papeles, fue abolida hace décadas. En nuestro país, sin embargo, con todo este panorama al parecer los consumidores seguiremos por muchos años más encadenados a secretarias, operadores políticos y planilleros. Lo más grave ni siquiera es eso, lo más grave es que tras leer toda esta fastidiosa queja, la mayoría reirá y leerá la siguiente página.

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