Al escenario poco alentador para 2022 debe agregarse el mediocre desempeño del año 2021. Las probabilidades de un aumento de la pobreza para el año que pasó son relativamente altas a pesar de las proyecciones que indican un crecimiento del PIB.
De hecho, ya existen estimaciones que sitúan la pobreza de 2021 cerca del 30%, lo que significa 4 puntos porcentuales por arriba del año 2020. La evolución negativa de este indicador contrasta con un crecimiento del PIB del 5% según el Banco Central del Paraguay, lo que muestra la cada vez mayor distancia entre la evolución del producto y la de la pobreza.
Por estas razones, este año será relativamente complejo teniendo en cuenta que los dos años de pandemia afectaron los ingresos laborales a nivel micro, que ya venían con una tendencia negativa desde antes de la pandemia.
Los hogares, la mayor parte de los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas, los jóvenes y las mujeres pasaron por dos años de fuertes restricciones, a las que parece que se agregará el 2022, sumando así tres años de pérdidas de bienestar.
Este problema no es menor dado que la calidad de vida en Paraguay se ubica entre las peores de América Latina a pesar de los avances verificados en los últimos 15 años. Los años de pandemia significarán para la mayoría de la población un retroceso de más de una década en sus niveles de bienestar.
El sector público no puede estar ausente de esta situación teniendo en cuenta que tiene recursos y que existe espacio para mejorar la calidad del gasto a través de ganancias de eficiencia, reducción de la corrupción y estrategias de alto impacto.
Una de las medidas urgentes es garantizar un funcionamiento óptimo del aparato estatal. No hay que minimizar el malestar ciudadano que se genera al no contar con acceso a condiciones mínimas como son los alimentos –apoyo a la agricultura familiar, alimentación escolar– y los servicios básicos como la energía eléctrica, el agua, la salud y la educación.
En la medida en que estos servicios sean ofrecidos con eficiencia y calidad, menor probabilidad de conflictividad social habrá, condición necesaria para lograr la estabilidad macroeconómica que cualquier proceso de crecimiento inclusivo necesita.
El Gobierno debe tener una visión estratégica y de largo plazo para enfrentar el futuro. Los funcionarios deben superar el statu quo que los tuvo por años cómodamente ubicados en la estabilidad macroeconómica y en un crecimiento alto gracias a factores externos. La pandemia mostró que ese modelo no sentó las bases para el desarrollo y hoy estamos pagando el costo de no haber hecho los cambios que necesitábamos. Es hora de hacerlo para que las consecuencias negativas no sigan acrecentándose y dejando una huella indeleble.