Lanzada ese mismo día, la criptomoneda alcanzó tras el tuit un valor de casi 5 dólares y se desplomó en un 90% en dos horas. Milei borró entonces su publicación inicial y dijo que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto”.
En ese lapso, la moneda “movió más de 4.500 millones de dólares”, dijo Javier Smaldone, especialista informático y reconocido influencer digital dedicado a denunciar estafas piramidales.
El monto de lo que perdieron los inversores “es algo subjetivo y difícil de estimar”, dijo a la AFP. Actualmente esa cifra se estima en 250 millones de dólares.
LLUVIA DE DENUNCIAS. Se presentaron decenas de denuncias en contra de Milei y otros involucrados, tanto en Argentina como en Estados Unidos, y congresistas opositores dijeron que iniciarían un procedimiento de juicio político por “criptoestafa”.
Diputados de la opositora Unión por la Patria (peronismo) anunciaron que impulsarán un juicio político al presidente, aunque están lejos de contar con los votos necesarios para que prospere.
Esta posibilidad, “de 0 a 10, es cero”, dijo el analista político Carlos Germano a la AFP.
Otros impulsan la creación de una comisión investigadora, una iniciativa más viable, y hay una tercera propuesta promovida por la izquierda para interpelar al presidente. Esto lo expondría a las preguntas del Congreso, que Milei definió en el pasado como un “nido de ratas”.
El PRO, partido aliado de Milei que lidera el ex presidente Mauricio Macri (2015-2019), calificó el caso como “muy grave” y evaluó que “impactó en la credibilidad del país”. Sin embargo declinó apoyar la iniciativa del juicio político “en esta instancia”.
EN EL MEDIO DE UNA ESTAFA. ”Claramente el presidente ha quedado en el medio de una estafa para mucha gente y eso amerita una investigación muy seria”, dijo Macri.
En medio de la polémica, la bolsa argentina (Merval) se derrumbó el lunes un 5,58%. Para llevar a cabo un juicio político al presidente se requieren mayorías especiales de dos tercios en ambas cámaras.
El abogado Adolfo Suárez Erdaire, que se especializa en estafas digitales e investiga este caso, dijo a la AFP que, aun si un juicio político lo hallara culpable, “la única pena que va a tener el presidente en el ámbito político sería la destitución y la inhabilidad para volver a ocupar cargos públicos”. Pero tras el fin de su mandato podría enfrentar en la justicia ordinaria cargos con penas de hasta seis años de prisión, además de procesos civiles de reparación para los afectados.
