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Es urgente que el Gobierno tenga política de transporte que beneficie a la mayoría

El transporte público de nuevo en la mira. En los últimos días coincidieron el inicio de la implementación del billetaje electrónico y el aumento de los combustibles, lo cual fue aprovechado por el empresariado del transporte para plantear cambios en la política solo para beneficio de su sector sin ninguna posibilidad de mejora para la ciudadanía. Es hora de que el Gobierno tome cartas en el asunto y, ahora que se implementa el billetaje electrónico, transparente los costos, evalúe la política y tome las medidas que se requieran poniendo a la ciudadanía en primer lugar.

La ausencia de interés en las personas que usan el transporte público y el perverso vínculo entre transportistas y políticos han mantenido este servicio entre los de peor desempeño y, para colmo, a un alto costo en recursos públicos.

Desde hace años el Gobierno subsidia el servicio sin que se conozca ninguna evaluación ni mucho menos los costos del servicio. Las autoridades no dejan de señalar en los discursos su compromiso con la transparencia; sin embargo, en esta política tan importante para la población hay una total opacidad.

Con la excusa de que aumenta el combustible, el empresariado ya empezó la demanda de incremento del pasaje. Y casualmente con la implementación del billetaje plantea un cambio en la modalidad de asignación del subsidio.

El Gobierno debe transparentar la estructura de costos del sector, evaluar el cumplimiento de las condiciones de entrega del subsidio y analizar la información que provea el uso del billetaje electrónico. Ningún cambio en la política de transporte público debe ser realizado sin justificación o evidencia empírica.

El Ministerio de Hacienda está impulsando el presupuesto por resultados y se encuentra abocado a mejorar la calidad del gasto público. El transporte público es un servicio esencial, por lo que debe estar entre sus prioridades.

El transporte público en Paraguay es uno de los ámbitos sensibles para la ciudadanía y de peor desempeño. Todas las decisiones gubernamentales siempre han estado supeditadas a los intereses particulares de los transportistas.

Los resultados son nefastos. La gente de a pie pierde oportunidades laborales y educativas por la ausencia de movilidad o por los altos costos. Ni hablar de las personas que tienen algún problema físico. Para ellas, pensar en trabajar o estudiar es casi una utopía, no una aspiración posible de concretar.

Calidad no existe. Además de pagar un alto costo, la gente viaja en condiciones inhumanas, con largas horas de espera, sin posibilidad de calcular tiempos de salida ni de llegada y descomposturas en el trayecto.

La falta de previsibilidad en los horarios no solo afecta a la productividad del trabajo, sino también contribuye a la inseguridad ciudadana. Cuanto más tiempo las personas están en una parada o más solas se encuentran en el trayecto, mayores son la vulnerabilidad y la posibilidad de enfrentarse a un asaltante. Así, entramos en un círculo perverso de ineficiencia económica, malestar ciudadano, intereses corporativos que perjudican a muchos, beneficiando a una minoría.

La ciudadanía debe seguir reclamando un transporte público eficiente y de calidad hasta que las autoridades analicen con evidencia empírica rigurosa la situación del sector, pongan a disposición la información e implementen una política con el bien común en primer lugar.

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