Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), nuestro país está al día en materia de legislación vinculada a la seguridad vial.
Todas las normas que rigen en países más avanzados también están contempladas en el Paraguay.
La gran diferencia, sin embargo, es que cuando en las demás naciones sirven para concienciar y contener a los conductores irresponsables, aquí solo están en los papeles porque las estadísticas indican que cada vez hay más accidentes de tránsito con saldos de muertos y discapacitados permanentes.
En un lapso de 9 años, entre el 2004 y el 2013, la tasa de mortalidad por accidentes de vehículos en vías de circulación pasó del 8,9 por ciento a 16,2 por ciento por cada 100.000 habitantes.
En el 2015, en tanto, ingresaron al Hospital de Trauma 15.000 accidentados, de los cuales 11.000 eran motociclistas cuyas edades oscilaban entre los 15 y los 30 años.
Según cifras oficiales, cada accidentado grave le cuesta al Sistema de Salud Pública 70 millones de guaraníes y a sus familiares G. 13 millones. Al año mueren alrededor de 1.200 personas, es decir 3 cada día.
Las previsiones nada alentadoras, de seguir a este ritmo, sostienen que en 10 años, entre el 2020 y el 2030, en cada casa habrá un discapacitado permanente por accidente de tránsito.
Los números son la evidencia más rotunda de que las exigencias de controlar la velocidad, usar casco, contar con chalecos reflectivos, no adelantarse por la derecha, contar con las luces reglamentarias, no conducir con alcohol en el cuerpo, llevar el cinturón puesto, no sobrepasar a otro vehículo con rayas amarillas y otras normas vigentes para motociclistas y conductores de vehículos con cuatro o más ruedas son apenas letras de una legislación que muchos incumplen.
Los números y la preocupación son de antigua data. Las leyes no funcionan porque las autoridades –policías municipales de Tránsito, Patrulla Caminera, Policía Nacional, Fiscalía y juzgados– no han sido capaces de hacer cumplir las leyes sancionando a los infractores. Una coima vuelve ceniza la ley. Y puede convertirse en la última transgresión del que va a estrellarse contra un árbol o cae a un arroyo.
La connivencia delictiva entre los que tienen que hacer cumplir las leyes y los que le dan muy poco valor a su vida y a la de sus semejantes es una cuestión cultural que está por encima de las leyes.
Por lo tanto, habrá que buscar algún mecanismo creativo que pueda atacar con éxito la raíz de la tragedia que se vive a diario. De lo contrario, el listado de muertos y minusválidos continuará aumentando sin que importe estar al día con las leyes.
