Editorial

Es urgente definir una política ante la grave crisis penitenciaria

No basta con aprobar una nueva ley de emergencia penitenciaria, ni con enmendar la Constitución para movilizar a los militares en la lucha contra el crimen organizado y el control en las cárceles, si el Estado no cuenta con una política clara y definida para reformar el sistema penitenciario, con la construcción de una seguridad democrática que brinde protección a todos los sectores de la sociedad, sin distinción. Mientras el Poder Judicial no sea más expeditivo, dejando de abusar de la prisión preventiva y de mantener un alto número de presos sin condena, será muy difícil avanzar en los cambios necesarios. Por sobre todo, hace falta un verdadero sistema de rehabilitación de quienes delinquen y caen en prisión.

La reciente promulgación de la Ley 6365 de Emergencia Penitenciaria para las cárceles del país, por parte del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, luego de la reciente frustrada fuga con toma de rehenes de miembros del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC) en el principal establecimiento penal de Itapúa, probablemente ayudará a tapar algunos huecos del régimen penitenciario, pero no ayudará a brindar una solución de fondo al grave problema que se arrastra desde hace casi dos décadas.

El instrumento jurídico permitirá ampliar el Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2019, facultando al Ministerio de Justicia a construir más establecimientos penitenciarios con regímenes de reclusión y de máxima seguridad, con una ampliación de sus recursos por más de G. 13.000 millones, pero difícilmente conseguirá cambiar la crítica situación que ha ido creciendo cada vez más en estos últimos tiempos.

El sistema penitenciario paraguayo se encuentra sobrepasado desde hace al menos 15 años, según lo sostiene el último informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que realiza un seguimiento a la situación en las cárceles y que viene alertando sobre los graves casos.

Uno de estos puntos conflictivos se refiere a la superpoblación: el sistema penitenciario dispone de solamente 4.310 plazas formales para albergar a reclusos en todas las cárceles del país, pero en junio de 2018 había 14.561 presos en las cárceles, lo cual implica una ocupación del 337,7%, según el estudio del MNP. Hay tres veces más presos de lo que permite la capacidad real, dando una idea sobre las inhumanas condiciones de hacinamiento, insalubridad y grave violación de derechos humanos. Aunque el número se ha reducido un poco, la situación no ha variado mucho.

Parte del problema tiene que ver además con el escaso número de personal en las cárceles. Tal como lo ha relatado el propio ministro de Justicia, Julio Ríos, el pasado jueves 5, cuando ocurrió la fuga en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Itapúa, había 19 guardiacárceles para controlar a 1.228 reclusos, casi un centenar de ellos miembros del PCC, considerados de alta peligrosidad. En ese contexto se explica la movilización iniciada ayer por guardias penitenciarios exigiendo mayor garantía en sus funciones, la contratación de más personal y un aumento salarial.

El otro aspecto de la situación tiene que ver con que el Paraguay ocupa el cuarto lugar en el mundo en la cantidad de presos sin condena (aproximadamente el 78% de los recluidos) y el primer lugar en Latinoamérica.

No será suficiente con aprobar una nueva ley de emergencia penitenciaria, ni con enmendar la Constitución para movilizar a militares en la lucha contra el crimen organizado y el control en las cárceles, si el Estado no cuenta con una política clara y definida para reformar el sistema penitenciario, con la construcción de una seguridad democrática que brinde protección a todos los sectores de la sociedad, sin distinción. Mientras el Poder Judicial no sea más expeditivo, será difícil avanzar en los cambios necesarios. Por sobre todo, hace falta un verdadero sistema de rehabilitación de quienes delinquen y caen en prisión.

Dejá tu comentario