12 feb. 2025

Es una vergüenza que sea EEUU el que castigue a los corruptos

Hasta que se recibió el requerimiento de un Tribunal norteamericano, las autoridades paraguayas parecían no estar enteradas de que el brasileño libanés Kassem Mohamad Hijazi y los paraguayos Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán operaban presuntamente en una red de lavado de dinero y otros delitos de corrupción, desde Ciudad del Este, a pesar de que ya habían sido investigados y procesados desde el 2000, pero acabaron siendo absueltos por nuestro corrupto sistema de Justicia. Es una vergüenza que tenga que ser la Justicia de un país extranjero la que se ocupe de investigar y sancionar a personas involucradas con la corrupción en nuestro territorio, mientras aquí se mueven con toda libertad e incluso reciben reconocimientos de las autoridades. Hay que cortar todo apoyo ciudadano a los políticos corruptos y refundar el país con personas honestas y patriotas.

Aunque algunos quieren creer que fue una simple coincidencia, evidentemente no lo ha sido. En la misma semana en que un equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) iniciaba el esperado examen in situ sobre los avances o retrocesos del Gobierno paraguayo en materia de lavado de dinero, el pedido de un Tribunal de los Estados Unidos de América obligaba a agentes de la Fiscalía y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) a montar un operativo en Ciudad del Este para detener al brasileño libanés Kassem Mohamad Hijazi y a los paraguayos Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán, bajo la acusación de operar desde nuestro país en una red internacional de lavado de activos y otros delitos de corrupción.

Hasta entonces, los Hijazi y la empresaria Doldán trabajaban libremente y eran consideradas personalidades del mundo empresarial de la capital del Alto Paraná, a pesar de que ya habían sido investigados los Hijazi desde 2000 y procesados por los mismos delitos de lavado de dinero y crímenes conexos, y en el caso de la empresaria Doldán, involucrada en 2019 en un caso de contrabando a gran escala, pero todos ellos acabaron sospechosamente sobreseídos y dejados en libertad, a pesar de las muchas evidencias comprobadas.

Para mayor escándalo, el requerimiento de la Justicia norteamericana ha llegado respaldada por un posteo en la red Twitter del propio secretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, quien ha comunicado que las tres personas mencionadas eran designadas por el Departamento del Tesoro de su país, “por sus roles en esquemas de corrupción en Paraguay” y agregaba que “Estados Unidos está comprometido a combatir la corrupción, promover la rendición de cuentas y proteger el sistema financiero estadounidense del abuso”.

El informe norteamericano impuso sanciones, en virtud de la Ley Global Magnitsky, que se aplica a autores de abusos de derechos humanos y de corrupción en el mundo, en este caso contra las tres personas localizadas en Ciudad del Este y cinco de sus empresas, involucradas en las operaciones delictivas.

Como un hecho mucho más grave, el informe gubernamental norteamericano sostiene que los acusados de lavado de dinero mantienen “fuertes vínculos” con políticos, policías, fiscales y corredores de cambio del Paraguay, que les facilitaron “seguridad” y “poder económico”, alegando que las “conexiones” con funcionarios gubernamentales permitieron eludir la ley. Más concretamente, sostiene que policías del Departamento de Alto Paraná venían recibiendo mensualmente dinero por trabajar para Hijazi.

Es una verdadera vergüenza que tenga que ser la Justicia de un país extranjero la que se ocupe de investigar y sancionar a personas involucradas con la corrupción en nuestro territorio, mientras aquí se mueven con toda libertad e incluso reciben reconocimientos de las autoridades.

Es imperativo e imprescindible cortar todo apoyo ciudadano a los políticos corruptos en el poder y refundar el país con personas honestas y patriotas.