Este mecanismo que debería ser utilizado para aumentar la capacidad productiva del país y ayudar a un crecimiento económico menos volátil y más sostenible, está siendo utilizado para pagar compromisos anteriores.
A este escenario negativo se agregan los serios problemas que enfrentan las contrataciones públicas en materia de obras, con lo cual, lo poco que se invierte termina siendo de baja calidad o con sobrecostos. Así, al final del año resulta que el impacto real positivo del endeudamiento en la economía es mínimo. Sin embargo, la deuda aumentó y la responsabilidad del pago se trasladó hasta la generación siguiente.
El problema se agudiza si consideramos que no se avizoran cambios en la conducta de las autoridades económicas. En lugar de enfrentar las bajas de presión tributaria y calidad del gasto, la solución que plantean es continuar el endeudamiento flexibilizando las normas de responsabilidad fiscal.
Una buena planificación de las obras debería haber conllevado una mayor carga tributaria distribuida entre quienes se beneficiarían con las mismas. Es decir, los fondos provenientes de los bonos soberanos o de organismos internacionales dirigidos a obras de infraestructura deberían haber tenido objetivos explícitos de beneficiar determinadas regiones y rubros y en estos centrar una parte importante del esfuerzo del repago.
De esta manera, quienes se benefician con mejoras en la productividad o en la reducción de costos son los que deberían hacerse responsables de la deuda. Es un criterio básico de justicia fiscal. Los que ganan y se benefician más deben aportar más. Sin embargo, y a pesar del crecimiento económico, la presión tributaria se mantuvo en el orden del 10%, una de las más bajas de América Latina y de los últimos años.
Por otro lado, la necesidad de endeudamiento y sus efectos positivos se reducen cuando el gasto no reúne condiciones mínimas de eficiencia y calidad. Si los pocos recursos que se recaudan genuinamente –impuestos– se utilizan mal, es claro que se deberá recurrir a otras fuentes de recursos y ahí aparece el endeudamiento como respuesta al uso inadecuado de los impuestos.
El Gobierno no da muestras de mejorar la calidad del gasto. Los problemas del sistema de adquisiciones públicas se mantienen. Los sobrecostos y la existencia de contratos que no se cumplen o que se renegocian revelan la persistencia de malas prácticas en la gestión pública.
Frente a este escenario, el pesimismo tiene alta probabilidad de convertirse en realidad año tras año y es lo que está pasando. Desde hace 8 años la deuda crece a un ritmo mayor que el que podemos pagar en el marco de importantes desafíos en la calidad del gasto. Es irresponsable continuar esta trayectoria sin al menos demostrar la intención de un cambio en la gestión.