La bancada oficialista (abdista y velazquista) resolvió acompañar la remoción de la titular del Ministerio Público, acusada de proteger al sector del ex presidente Horacio Cartes y su equipo político.
Daniel Centurión, asesor político del presidente, manifestó que desde el Poder Ejecutivo se mantienen en la necesidad de que los hechos puedan definir la continuidad o no de la fiscala general.
“Es una decisión asumida por los parlamentarios. El presidente siempre sostuvo que hablen los hechos. Si los indicios observados por los parlamentarios se confirman como hechos fácticos, pues que así sea, pero de no ser así que se decida lo justo”, recalcó el integrante del primer anillo político de Mario Abdo.
Justamente la amenaza de juicio político a Sandra Quiñónez recae en momentos en que la Fiscalía tiene en sus manos la investigación contra el ex presidente Horacio Cartes. Fue el propio ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio (con apoyo presidencial), quien acusó al ex mandatario de formar parte de una red de la mafia del contrabando del cigarrillo y sus derivaciones con el lavado de dinero.
El secretario de Estado denunció ante el Congreso que existe una red regional en torno al contrabando de cigarrillos que involucra a las empresas del Grupo Cartes. Entre el 2013 y 2018 (gobierno de Cartes) se obtuvieron por la venta local USD 1,1 billones. Para la exportación solamente por USD 43 millones. “Quién lo que demasiado fuma en nuestro país, no sé, 10.000 cajetillas por día más o menos vamos a fumar, yo no fumo y la tendencia en el mundo es que se fume cada día menos”, dijo Giuzzio contra Cartes, poniendo en tela de juicio las conexiones sobre el lavado de dinero internacional.