En la Cámara de Diputados primero argumentaron que no podían tratar la pérdida de investidura del liberal Carlos Portillo porque no se contaba con una reglamentación para analizar dicha figura.
Ante esto, los legisladores decidieron conformar una comisión especial, siempre como sinónimo de dilación, para estudiar y elaborar un proyecto de reglamentación, ya sea como ley o como reglamento interno.
Sin embargo, ahora aparece una nueva excusa para no tratar el pedido de pérdida de investidura, ya que tras conversaciones con juristas invitados, se decidió que debe ser vía ley la reglamentación del artículo 201 de la Constitución Nacional y el nuevo argumento para seguir salvando a Portillo es que una ley no puede ser retroactiva.
Con esta situación queda nuevamente a la voluntad política de los legisladores el simple tratamiento de la pérdida de investidura, ni siquiera su aprobación.
Portillo fue imputado por los hechos de tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado, soborno agravado y asociación criminal, luego que salieron a luz unos audios que involucran al legislador, una abogada y una auditora.
ACUERDO. La decisión de aplazar el tratamiento de la pérdida de investidura del legislador liberal es un acuerdo entre las bancadas de los partidos tradicionales, debido a que existen otros legisladores, principalmente del Partido Colorado, con cuentas pendientes con la Justicia y son firmes candidatos a perder su investidura.
Entre ellos se encuentra Tomás Rivas, imputado por la fiscalía por los delitos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, por hacer figurar como funcionarios de la Cámara Baja a tres empleados particulares suyos.
Es una situación calcada por la que finalmente terminó renunciando su correligionario José María Ibáñez.
Carlos Núñez Salinas, acusado por contrabando y con chicanas logra frenar su proceso, es otro candidato a perder su investidura.
El propio titular de la Cámara Baja, el también colorado Miguel Cuevas, contra quien se inicio una investigación fiscal, puede finalmente formar parte de los que están en la nómina de pedidos de pérdida de investidura.
De esta manera, que se trate o no el pedido contra Portillo dependerá de la decisión que asuman los legisladores en plenaria.
