La ley que consta de 30 artículos, “tiene por objeto establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica y la tranquilidad pública”, así como “proteger a la sociedad venezolana del surgimiento de cualquier expresión de orden fascistas, neofascistas o de similar naturaleza”, según el texto.
En su artículo 22 el documento señala que “toda persona que solicite, invoque, promueva o ejecute acciones violentas como medio o vía para el ejercicio de los derechos políticos será sancionado con prisión de ocho a doce años e inhabilitación política por el tiempo de la condena”. La “divulgación de mensajes prohibidos” en radio o televisión será castigada con la revocatoria de la concesión, mientras que se impondrán multas a “medios electrónicos o impresos” de entre 50.000 y 100.000 “veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central”, equivalentes hasta a 100.000 dólares. Además, se prohíben las reuniones o manifestaciones, así como “organizaciones políticas” donde se considere que existe una “apología” al fascismo.
Activistas de derechos humanos consideran que esta ley, que será sometida a una segunda discusión antes de su sanción definitiva, implica más “represión”, pues “atenta contra el derecho a la manifestación y las concentraciones públicas”.
La oposición, en tanto, denuncia que la ley, que prohíbe la conformación de partidos políticos y organizaciones sociales señaladas de “promover el odio y la intolerancia” castiga la disidencia política. AFP
