De lamentable, cuando menos, debe ser calificado el episodio que tuvo lugar el pasado miércoles, cuando un grupo de militares, integrantes de la guardia que vela por la seguridad del presidente de la República, arremetieron a empellones y puñetazos contra desprotegidos periodistas afectados a la cobertura del área presidencial.
Los trabajadores de prensa, entre quienes estaba incluida también una funcionaria del sector informativo del propio Palacio de Gobierno, fueron agredidos por la sola razón de ejercer su labor que, grosso modo, puede ser sintetizada en una función muy simple: preguntar.
De hecho, nadie imaginaría que ellos puedan representar una amenaza genuina a la seguridad del primer mandatario. En primer lugar, porque la propia sede del Ejecutivo los ha acreditado para ejercer su función profesional y, en segundo, porque la única arma que los periodistas detentan en el desempeño de su misión es la palabra. En suma, solamente las figuras autoritarias que repelen cualquier tipo de función inquisitiva cumplida por la sociedad podrían sentirse amedrentadas ante el ejercicio de un periodismo libre.
Al parecer, la actitud hostil de la Guardia Presidencial se fundamentaba en el hecho de que el presidente no deseaba ser molestado con preguntas “incómodas” de los periodistas, en torno al llamativo giro de la política exterior paraguaya sobre el muy publicitado caso de la incorporación de Venezuela al Mercosur. Un cambio, por lo demás, acerca del cual tan pocas explicaciones han sido ofrecidas a la ciudadanía por parte del Poder Ejecutivo.
El artículo 26 de la Constitución Nacional garantiza “la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución”. En este marco, es de gran importancia que las autoridades ofrezcan garantías de seguridad a los periodistas, que cumplen una función de nexo informativo entre quienes detentan el poder y la ciudadanía en general. De cierta forma, bien podría decirse que los trabajadores de la prensa son agentes de esa libertad de expresión justamente garantizada por nuestra Ley Fundamental.
Tras el reprobable incidente del miércoles, el presidente Horacio Cartes solicitó sus disculpas a los periodistas, llamándolos al mismo tiempo a “organizarse” para evitar que situaciones similares se registren en el futuro. Al respecto, sería menester que quienes primero se organicen fueran el propio mandatario y su equipo comunicacional. Una medida sensata podría constituir, por ejemplo, la designación de un vocero del Gobierno que se encargue, de manera cotidiana, de atender los requerimientos de la prensa acreditada en el Palacio.
En todos los casos, no resta sino esperar que el Ejecutivo adopte las medidas tendientes a evitar que situaciones tan engorrosas como condenables vuelvan a registrarse en lo que resta del presente quinquenio.