Política

En la CSJ también tienen ingresos más elevados que el presidente

Son nueve los ministros que integran la máxima instancia judicial y su remuneración mensual supera en gran medida a la del primero del Ejecutivo, que debería ser el tope salarial en el Estado.

El Poder Judicial es el responsable de impartir justicia, pero la desigualdad es muy visible cuando se habla de salarios y dinero público.

Los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia perciben altas sumas mensualmente como remuneración, en concepto de salario, gastos de representación, responsabilidad por cargo, grado académico, antigüedad y viáticos.

Solo en junio, la ministra Gladys Bareiro de Módica cobró casi G. 80 millones, gastando en viático cerca de G. 37 millones.

Para cortar con esta mala distribución de los fondos estatales, el senador cartista Sergio Godoy presentó el proyecto de ley “que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias; prohíbe y limita el nombramiento o contratación de parientes y asesores en la función pública, fija topes salariales para las autoridades de rango superior y establece otras medidas de racionalización del gasto público”.

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Ningún funcionario ni alta autoridad en los tres poderes del Estado, incluyendo Itaipú y Yacyretá, según la propuesta, podrá ganar más que el presidente de la República, en este caso, Mario Abdo Benítez, quien percibe G. 38 millones.

Los diputados y senadores tienen ingresos mensuales de alrededor de G. 32 millones, más beneficios como G. 5.500.000 en combustible. Los ministros del Poder Ejecutivo, por su parte, cobran aproximadamente G. 24 millones.

Pero los salarios más altos del Estado se encuentran en las entidades binacionales de Itaipú y Yacyretá, que alejan de sobremanera a las autoridades del ciudadano común.

El director paraguayo de Itaipú, José Alberto Alderete, gana mensualmente G. 106.871.738, mientras que el de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, percibe G. 90.260.153; ambos están en el grupo de 26 altos directivos de las binacionales que ganan más que el presidente y que, junto con los ministros de la Corte, podrían ser afectados si prospera la ley.

Otras racionalizaciones del gasto público que establece el proyecto son eliminar el servicio de telefonía celular, cupos de combustible, alimentos, bebidas, arreglos florales y tarjetas de invitación para recepciones.

Además, ningún funcionario ni autoridad podrá realizar más de dos viajes por año fuera del país.

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