Bogarín también es miembro del Consejo de la Magistratura (CM) junto con Santa Cruz, y es representante del Gremio de Abogados. Su postura personal fue que la definición sea luego de las elecciones.
“Esta es la posición de uno de los miembros (Bogarín). En el Consejo tomamos las decisiones por mayoría. A menudo dicen que los miembros del Congreso somos los que hacemos que permee la cuestión partidaria en el sistema de Justicia, pero aquí, vemos una muestra más desde el Gremio de Abogados”, expresó el legislador.
Santa Cruz sostuvo que la etapa de postulaciones ya fue concluida y se inició la revisión documental, por lo que en la próxima sesión del Consejo se podrá determinar quiénes reúnen los requisitos formales para avanzar a las siguientes etapas, como el cronograma de audiencias y la fecha del examen de conocimientos.
“La transparencia de este concurso es inédita. Todas las decisiones serán públicas, fundadas como nunca antes. Ese es nuestro legado. Necesitamos refundar el Ministerio Público, nuestra preocupación debe centrarse en seleccionar a quien tenga capacidad y ética para llevar adelante. No vamos a claudicar ante las presiones de sectores retardatarios que buscan seguir negando a la ciudadanía la posibilidad de tener una Fiscalía que represente a toda la sociedad y no solo a cierto sector”, expresó.
El senador se refirió a las posturas del cartismo que señalan que la elección antes de marzo, mes en que vence el mandato de la actual fiscala general Sandra Quiñónez, es una jugada oficialista para aprovechar la coyuntura política que le permita ubicar en el Ministerio Público a un aliado.
“Ser vocero de sectores que no buscan más que asegurar continuidad de la sumisión en el Ministerio Público da cuenta de que las supuestas preocupaciones por revisión exhaustiva de perfiles, es una chicana más. Sabemos perfiles que vienen promoviendo y con qué criterios. Nos conocemos”, refutó.
53
candidatos se presentaron para ocupar el cargo de fiscal general del Estado, en reemplazo de Sandra Quiñónez.
