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En 15 días más, comisión bicameral concluiría investigación de acuerdo sobre Itaipú

A pasos acelerados y sin pausa, la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) concreta el calendario de comparecencia por el polémico acuerdo sobre Itaipú. Se prevé que las conclusiones estén listas en dos semanas.

El senador liberal Eusebio Ramón Ayala, presidente de la Comisión Bicameral que investiga el acta bilateral sobre Itaipú, anunció que en aproximadamente 15 días más tendrán las conclusiones y el panorama general de lo ocurrido con el acuerdo de compra de potencia.

La declaración del ex embajador paraguayo ante Brasil Hugo Saguier puede ser clave, según insinuó Ayala, para identificar en qué instancias se excluyó el conocido como punto seis, para la venta de energía en el Brasil. El mismo comparecerá este martes.

“Todo lo que dijeron los que ya declararon convierte al jefe de la delegación paraguaya, Hugo Saguier, como el hombre clave que estuvo en esa fecha. Él fue quien autorizó y firmó el acta”, sentenció el legislador.

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Ayala no descartó la posibilidad de convocar al abogado José Rodríguez, quien fungió como representante del vicepresidente Hugo Velázquez en tratativas relacionadas a la comercialización de energía de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a empresas brasileñas.

El escándalo del acuerdo con Brasil, que fue firmado por representantes diplomáticos el pasado 24 de mayo, derivó en la salida de las principales autoridades implicadas y fue motivo de una denuncia que actualmente es investigada por la Fiscalía.

El contenido del documento se dio a conocer recién en el mes de julio y desencadenó una fuerte crisis política, que mantuvo en jaque al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y al vicepresidente, Hugo Velázquez, quienes se salvaron del juicio político.

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El acuerdo, finalmente, fue dejado sin efecto y volverá a tratarse en el ámbito técnico, pero los expertos del sector energético consideran que se dio un paso en falso de cara a las negociaciones que deben realizarse en 2023 por el Anexo C del Tratado de Itaipú.

Según argumentos técnicos, se pudo haber generado un sobrecosto de USD 250 millones a la ANDE, con la compra de mayor potencia garantizada, lo cual pudo haber impactado en las tarifas que pagan los usuarios.

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