Desde el 2010 se inició la instalación de oficinas parlamentarias en las principales cabeceras departamentales, a pedido de los distintos diputados. Desde entonces, las mismas son utilizadas para ubicar, principalmente, a operadores políticos.
En cada periodo parlamentario que se inicia, van sumando el número de funcionarios en dichas dependencias, que en la mayoría de los casos son planilleros.
La administración del colorado Miguel Cuevas tampoco está ajena a la apertura de más oficinas, ya que en varios departamentos se aumentó la cantidad de sucursales, instaladas generalmente en los municipios y/o gobernaciones.
De acuerdo con datos proporcionados en la Cámara de Diputados, de los 17 departamentos del territorio nacional y que tienen representación en la sede parlamentaria, solamente en dos no se habilitaron sucursales de las oficinas parlamentarias y son en Presidente Hayes y Caazapá.
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Sin embargo, de los 80 diputados, 27 decidieron abrir sus respectivas oficinas parlamentarias, distribuidas en esos 15 departamentos (ver infografía).
Son poco más de 120 funcionarios distribuidos en las distintas oficinas, pagados con el presupuesto de la Cámara de Diputados.
Los legisladores argumentan que mediante las oficinas regionales pueden estar más en contacto con la gente.
“Habilitamos estas oficinas parlamentarias para estar en constante conversación, más cerca de la gente, porque ellos también plantean sus ideas e inquietudes; la política está cambiando; la gente tiene mayor interés en participar en la toma de decisiones de la política de Estado”, dijo el diputado liberal Celso Kennedy, cuando habilitó su oficina regional en Caaguazú.
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El legislador que cuenta con más funcionarios en su oficina regional, es el liberal Andrés Rojas Feris, con 14 en total y en su momento el mismo argumentó que se trata de funcionarios heredados de otras administraciones y que ya son permanentes, por lo que decidió hacerse cargo de los mismos.
Estos 120 funcionarios forman parte de la superpoblación de funcionarios de la Cámara Baja y en gran porcentaje son contratados, como parte del pago de favores políticos.
El control de asistencia a los mismos es prácticamente nulo, ya que están a cargo de las instituciones en donde están instaladas sus oficinas, y la mayoría no cuenta con reloj biométrico que pueda servir, por lo menos, para corroborar la presencia.
