Por el cobro de este tributo Hacienda pretendía recaudar el próximo año, según sus estimaciones, unos G. 170.000 millones (USD 30,5 millones), recursos con los que ya no se contarán.
De acuerdo con las cifras preliminares que maneja la cartera de Estado, el monto desfinanciado del PGN sancionado por el Senado es de aproximadamente USD 40 millones, de los cuales el 50% corresponden a gastos rígidos.
Con las previsiones de recaudación impositiva y los incrementos salariales otorgados por el Congreso, el déficit fiscal estaría trepando al 1,7% del producto interno bruto (PIB), según Hacienda. La Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) establece como tope el 1,5% del PIB.
Desde la cartera de Estado señalaron al respecto que por el momento todavía no darán una postura oficial, a la espera de recibir el fallo judicial, para luego analizarlo con la Abogacía del Tesoro.
Veto. La ministra de Hacienda, Lea Giménez, señaló días atrás que desde el Ejecutivo están barajando la posibilidad de un veto parcial al PGN sancionado por el Congreso, debido a los numerosos incrementos salariales que no cuentan con financiamiento.
La titular del Fisco indicó que incluso se podría considerar una objeción puntual al proyecto sancionado si la reestructuración hecha por el Congreso afecta a programas de inversión que ya se encuentran en ejecución y necesitan continuidad.
Con este balde de agua fría que recibió Hacienda con el fallo la Corte a favor de las cooperativas, esta posibilidad cobra mayor fuerza.
La otra opción que maneja Hacienda es elaborar un plan financiero riguroso. Este instrumento es utilizado por el Gobierno para la programación de caja, de modo a que las instituciones no asuman compromisos por encima de un tope fijado por el Fisco.
La ministra indicó que con el plan financiero se pueden establecer las obligaciones que no podrían ser cumplidas por las entidades en base a los recursos y las prioridades.