13 feb. 2025

Electoralismo y políticas públicas

En casi todas las democracias occidentales, en épocas electorales prometer más de lo que se puede poner en práctica es usual. No es ético, pero es frecuente observarlo en casi todos los partidos políticos. La repetición de “casi” en ambas frases es para salvaguardar las consabidas excepciones de uno u otro signo ideológico y político-partidario. Siempre las hay.

Tomando de referencia la inmensa mayoría de los casos, las promesas electorales son consabidamente una exageración, en favor de sí mismo, de lo que realmente se puede alcanzar en el corto y mediano plazo. “En favor de sí mismo” debe entenderse en beneficio del candidato, que las lanza, así como del partido político, al que representa. Esto es normal.

INACEPTABLE: Lo que no es justificable, sobre todo desde el punto de vista ético, es que se prometa sistemáticamente o regularmente lo imposible. Prometer lo irrealizable es embaucar adrede, decepcionando las expectativas de los electores, los ciudadanos. Es mentir conscientemente. Esto puede observarse con frecuencia en países en los que el populismo sigue en boga, así como en determinadas agrupaciones políticas y con ciertos candidatos a cargos públicos, para los que les importa muy poco o nada estafar a los electores.

En países atrasados culturalmente e institucionalmente, tampoco hay sanciones para los mentirosos en fase electoral. No solamente eso. También es frecuente observar que forman parte de la lista de candidatos a ser elegidos también aquellos ciudadanos que han tenido ya antecedentes con la justicia. Más frecuentemente aún, son candidatados igualmente aquellos otros que tienen en los estrados judiciales todavía causas pendientes. Hay que agregar a ellos también aquellos que nunca han recibido ninguna sanción, a pesar de la ostensible presencia de pruebas irrefutables en su contra, debido al uso permanente de chicanas jurídicas por parte de los mismos, en su beneficio.

INSTANCIAS PÚBLICAS CLAVES. Como puede verse, la conformación y la actuación del Poder Judicial y de la Fiscalía de Delitos Económicos, así como de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes y otras instancias controladoras del buen uso del dinero público, son determinantes para procesos electorales buenos, regulares o malos en términos legales y éticos. Si además se cuenta con instancias públicas, como las mencionadas, que no son rápidas ni justas ni baratas, sino que se encuentran a merced del que paga más, obviamente no existirá ninguna garantía en esas circunstancias de contar con procesos electorales limpios.

Por otro lado, dentro del mencionado contexto, tampoco existen chances de que se conciban y mucho menos pongan en práctica políticas públicas para incorporar a la gran mayoría de la población a los beneficios del progreso económico y social. En estas condiciones, las posibilidades de que esto último ocurra serán remotas.

GRAVE AUSENCIA DE MAYORÍAS LIBERADORAS. Empeora la situación cuando en el mismo comienzo de reformas fundamentales, como es en la presentación de proyectos de ley, reivindicadores de derechos elementales de bienestar ciudadano, no existen instancias previas (partidos políticos) ni legislativas (dentro del Congreso) con mayorías que los puedan sancionar. A veces, dentro del Poder Ejecutivo tampoco reina consenso para su promulgación e implementación. Determinados intereses creados impiden mejoras impostergables.

Ejemplo claro de esto último son las reformas tributarias, necesarias para poner en movimiento la sociedad hacia el desarrollo sostenible. En nuestro país, las modificaciones que se han hecho en la estructura impositiva, en su aplicación y en su recaudación son claramente insuficientes para reducir las injusticias sociales (como la existencia de medio millón de ciudadanos en miseria lacerante) y los desmanes ecológicos (Paraguay se ha vuelto uno de los peores países depredadores de bosques a nivel mundial).