Curiosamente, en diciembre del 2021 la Justicia Electoral seleccionó como fecha para las internas el día de la final de la Copa Mundial, fecha ya anunciada por la FIFA seis años antes. Como era de esperar, muchos optaron por quedarse en casa y trasladarse virtualmente a Qatar, tomando cerveza helada con familiares y amigos frente al televisor antes que trasladarse al local de votación, hacer cola, muchas veces a pleno sol, correr el riesgo de Covid y entenderse con una exótica máquina en un primer encuentro. El recuento final de las elecciones resultó entonces sesgado hacia la preferencia de los afiliados más fervientes y el llamado voto duro, por no decir voto arreado.
Aquellos que, a pesar de las tentadoras alternativas, se aventuraron a cumplir con su deber cívico se encontraron con el desafío de elegir entre listas de candidatos de partidos y movimientos en las cuales con suerte conocían a algunos postulantes, pero de la gran mayoría no tenían idea de quiénes eran, cuáles eran sus antecedentes y cuáles sus competencias para los cargos en disputa.
En esta oportunidad se aplicó el sistema de voto preferencial, permitiendo mejorar la posición en la lista de algún candidato preferido, pero manteniendo el mecanismo de listas cerradas. Así entonces, el ciudadano se encontraba en la incómoda posición de tener que otorgar su voto a desconocidos o, lo que es peor, a conocidos por su sombría reputación o vinculación con el contrabando y el narcotráfico.
¿A esto llamamos democracia? ¿Puede ser democrático un sistema que obliga a las personas, si quieren votar por el partido de su preferencia, a votar por personas desconocidas o con antecedentes impresentables?
La Constitución establece en su primer artículo que el sistema de gobierno del Paraguay es la democracia representativa, pero los personajes que aparecen en las listas, ¿a quiénes representan si son electos? Debieran representar a los ciudadanos que los eligieron. Sin embargo, es evidente que, con honrosas excepciones, casi todos representan a una estructura partidaria, o un financista con recursos de sospechoso origen, o a algún cacique partidario que logró su ubicación en la lista de candidatos.
La composición actual de nuestro Congreso y de muchos de los organismos colectivos del país, con integrantes algunos imputados y otros sospechados de actividades ilícitas, es clara evidencia de un sistema que no funciona. “Hay algo podrido en el estado de Dinamarca”, dice Marcelo en Hamlet, de Shakespeare. También podría decirlo de Paraguay.
La mayoría de los partidos políticos se oponen tenazmente a la elección individual, porque creen que significaría para ellos reducción de su poder y capacidad de patronazgo. Sin embargo, casi todos los países con democracias consolidadas tienen sistemas de elección individual de representantes por distrito electoral. Cada ciudadano sabe exactamente quién lo representa, con nombre y apellido, y cada representante sabe a quiénes debe representar diligentemente si espera ser reelecto.
A 30 años de vigencia de nuestra Constitución actual, es tiempo de lograr mejor cumplimiento de su primer artículo y de dar vigencia a una verdadera democracia representativa. No será fácil: los intereses creados a favor del statu quo son poderosos. Solo una vasta presión ciudadana, insistente y persistente, logrará que tengamos no solo buenas elecciones, sino también buenos elegidos.