Las fuentes indicaron a Efe que a las 10.35 hora local (12.35 GMT) comenzó el histórico debate, que es probable que dure varias horas por los argumentos a favor del bloque gubernamental de izquierdas Frente Amplio y las opiniones en contra de los opositores Partido Nacional, Colorado e Independiente.
Una vez promulgada la ley, aprobada antes por los diputados, se abrirá un período de 120 días para reglamentarla, después del cual comenzará la producción y venta de la droga de forma controlada por el Estado, que creará un registro de consumidores y hará posible su distribución a través de farmacias y clubes de consumidores.
El proyecto de ley fue impulsado por el presidente uruguayo, José Mujica, a mediados de 2012, como parte de un paquete de medidas para frenar la creciente delincuencia en las calles uruguayas.
Mujica asegura ser contrario al consumo de esa droga pero considera fundamental arrebatarle el mercado del producto al narcotráfico y controlar así su uso problemático, especialmente entre los más jóvenes.
La norma es rechazada por cerca de dos tercios de la población en las encuestas y es vista con recelo por la comunidad internacional, aunque también se han escuchado voces de apoyo desde algunos países y organismos internacionales.
En Uruguay, el consumo de marihuana es legal desde hace cuarenta años y es relativamente frecuente ver a personas fumando en las plazas y parques del país.
El proyecto legaliza el cultivo y la venta de esa droga, además de establecer la creación de un ente estatal regulador que se encargará de emitir licencias y controlar su producción y su distribución.
Los consumidores previamente registrados podrán comprar marihuana en farmacias especialmente habilitadas, hasta un máximo de 40 gramos por mes, o cultivar en casa hasta seis plantas que produzcan no más de 480 gramos por cosecha.
Además, la iniciativa crea programas preventivos de control del consumo de drogas que deberán ser impulsados por las instituciones de enseñanza.
Fuentes oficiales señalaron que la marihuana autorizada por el Estado tendrá un coste de un dólar el gramo para que “pueda competir” con los narcotraficantes.
