En las últimas cuatro semanas la altura del río Paraguay comenzó a bajar, después de haber llegado a un pico cercano a los 5 metros, a mediados de marzo. Las aguas volvieron a despejar zonas inundadas y algunas familias desplazadas están con deseos de reasentarse en la ribera. Las autoridades les advierten que no, porque se prevé que vuelva a crecer.
“Mi hermana se mudó a un campamento y ahora ya está queriendo volver, pero le advirtieron que si lo hace ella deberá cubrir los gastos de mudanza porque no la van a volver a relocalizar”, comentó María Celina González, del Bañado Sur. La inquietud de aquellos que dejaron casas de material es que mientras abandonan sus viviendas corren el riesgo de que sean rapiñadas. “Hasta los ladrillos te roban”, comentó la señora. Aquellos que solo tienen casas de chapas, temen perder su derecho en el terreno fiscal. “Una señora ya nos dijo que ella no nos va a dejar volver”, comentó Martina Chávez, quien está acampada en Tacumbú.
A pesar de esta problemática, los propios dirigentes de las organizaciones Cobañados aconsejan a sus miembros que no retornen a sus hogares porque se pronostica otra subida, que en junio podría pasar los 6 metros. Si algunas familias regresan ahora tendrán que salir de vuelta y será un doble trabajo y gasto de traslado.
“Por eso se recomienda que la gente se mantenga en sus refugios. Bajarle ahora a sus casas es como una irresponsabilidad nuestra como dirigentes, enfatizó Carmen Castillo, secretaria de relaciones de Cobañados.
PROYECCIÓN. Ayer, la Secretaría de Emergencia Nacional presentó a la prensa el plan de contingencia por la inundación, que en el peor escenario prevé campamentos para 6.000 familias. Su titular, Arístides González, aseguró que es la primera vez que las instituciones están trabajando con previsión. Históricamente las emergencias han sido enfocadas en el Paraguay desde la perspectiva de la “respuesta y recuperación”. Es decir, cuando el problema ya estaba instalado. “Hoy la SEN presenta una propuesta proactiva con todos los aspectos sociales, institucionales y comunitarios que ello implica”, señaló el ministro González.