Estos dos años de pandemia han demostrado que la gestión presupuestaria tiene problemas graves que tienden a empeorar. A pesar de la cada vez mayor cantidad de recursos involucrados, cada vez responde menos a las necesidades de la gente y reduce cualquier posibilidad del Estado de cumplir con su rol garante de los derechos.
El Presupuesto diseñado para el año 2021 dio una señal inequívoca en este sentido. En medio de una pandemia mundial, con suficiente evidencia del daño a la salud y a la vida de las personas que significó en los países europeos durante la primera ola, el proyecto de ley enviado al Parlamento mostraba una reducción en los montos para salud y educación y una baja prioridad de rubros fundamentales para enfrentar la pandemia, como alimentación y transferencias de ingresos hacia las poblaciones más vulnerables.
Esta reducción se realizó sin haber hecho un esfuerzo suficiente ni en la racionalización del gasto ni en la calidad de la ejecución. Es decir, se redujo en áreas determinantes para garantizar la vida de las personas manteniendo los privilegios de grupos que históricamente se han beneficiado de la política fiscal, tanto por el lado de los ingresos tributarios como por el lado de los gastos.
Las consecuencias ya son ampliamente conocidas. Una gran cantidad de pérdidas de vidas que podrían haberse evitado, un elevado gasto de bolsillo en medicamentos e insumos y endeudamiento de los hogares, altos niveles de endeudamiento de las mipymes.
El proyecto 2022 vuelve a dar señales de que va por una vía, mientras que la realidad va por otra. La crisis económica se siente cada vez más fuerte, ya que los ingresos laborales de la mayoría de las personas no se están recuperando, la pobreza y el hambre arrecian y el aumento de los precios de la canasta básica se incrementa. En este contexto, el proyecto de ley de priorizar la agricultura familiar como medida para contrarrestar la crisis reduce su presupuesto.
La agricultura familiar es fundamental para generar ingresos en el área rural y contener el aumento de la pobreza y de la migración hacia las ciudades, donde tampoco hay mejores condiciones. La producción de alimentos tiene un impacto positivo en el sector urbano por canales. En primer lugar, porque garantiza alimentos sanos y seguros frente al embate del contrabando que no garantiza calidad ni inocuidad. En segundo lugar, porque la oferta de alimentos permite contener el incremento de los precios de los mismos.
La evidencia es muy clara en los últimos años. Mientras el promedio de inflación se mantiene por debajo de un dígito, el aumento de los precios de frutas, verduras y carne, componentes básicos de la gastronomía nacional, presiona a la inflación y al incremento de la pobreza reduciendo el impacto de los programas contra la pobreza.
Como toda política pública, la política fiscal debe estar centrada en las personas y en la evidencia empírica. La pandemia nos está demostrando cuán lejos está el Presupuesto en ambos casos. Cualquier desvío de estos objetivos constituye una violación no solo de criterios técnico-políticos, sino fundamentalmente de principios éticos que guían el contrato social y la vida en democracia.
