El proceso de negociación del Presupuesto en el Parlamento fue uno de los más controvertidos de los últimos años. En plena pandemia, con una amplia proporción de hogares sufriendo efectos de largo plazo, un grupo de supuestos “representantes” de la ciudadanía tomaron decisiones que afectarían desproporcionadamente a estos mismos hogares.
Primero pusieron en riesgo el financiamiento de funciones estatales que ya tienen bajo nivel de inversión, como la salud, la educación y la investigación. En los últimos días se autoasignaron cupos de combustibles. En los dos casos, el destino de los recursos es alimentar el esquema prebendario clientelar ante un temprano inicio de la campaña electoral para el 2023.
Las principales luchas salariales se dieron entre docentes, personal de blanco y la burocracia administrativa. Los docentes reivindicaban acuerdos anteriores mientras que el personal médico hacía referencia a su rol en la pandemia y a una equiparación salarial. Increíblemente, frente a estos argumentos racionalmente atendibles, se contrapusieron las demandas de algunos sectores de la burocracia de dudosa legitimidad por la mala percepción que tiene la ciudadanía de su gestión. Es indiscutible la deuda con respecto a la educación y la salud y, aun así, primaron criterios político-partidarios a la hora de argumentar el voto a favor o en contra de las reivindicaciones salariales.
No se avizora una política fiscal prometedora para el año 2022. El proyecto no permitirá poner al país en una trayectoria firme hacia el desarrollo y el bienestar. No se abordaron aspectos claves como la necesidad de aumentar la eficiencia en las contrataciones públicas, sobre todo en las grandes obras de infraestructura.
Tampoco hay cambios en los necesarios vínculos entre la gestión por resultados y el sistema de incentivos salariales. Así como está el presupuesto de servicios personales, no existen mecanismos para diferenciar las remuneraciones entre funcionarios cuyo trabajo repercute positivamente en la ciudadanía y otros que muestran un desempeño mediocre. Al contrario, se mantiene un sistema de remuneraciones cargado de privilegios para un sector del servicio civil, mientras que otros muestran altos niveles de precarización.
De más está señalar que el Presupuesto mantiene la estructura de financiamiento intacta, en la que los sectores de menores ingresos y más vulnerables cargan inequitativamente con el peso de una estructura tributaria basada en impuestos indirectos. Ahora se agrega el impacto de los compromisos de la deuda que son financiados con la reducción de recursos en áreas claves para la gente o con una mayor presión sobre los impuestos indirectos.
El statu quo presupuestario terminará afectando negativamente a un sector de la población, mientras que los eternos privilegiados de nuestro país seguirán disfrutando en una burbuja de bienestar. El malestar ciudadano está creciendo, lo que puede poner en riesgo la posibilidad de un crecimiento a largo plazo y la democracia, con lo cual perdemos todos. Las autoridades fiscales y el Parlamento deben tomar nota del deterioro económico, social y político y empezar a pensar en una política fiscal para la gente.
