El documento publicado por la cartera fiscal indica que, del total de la recaudación de impuestos, el 75% financió salarios, el 9% se destinó al servicio de la deuda pública, el 9% a prestaciones sociales y, finalmente, el 4% al pago de jubilaciones. El 3% de los ingresos fue destinado al financiamiento de obras públicas.
Dada la retracción económica, la ausencia de espacio fiscal para implementar políticas contracíclicas reduce cualquier posibilidad de reactivar la economía por la vía de la política fiscal de manera genuina. Por otro lado, una restricción estructural o de largo plazo es la imposibilidad de financiar las necesidades de política pública, como servicios de salud, educación u obras de infraestructura.
Este problema es el resultado de múltiples factores. Por un lado, los altos niveles de gasto, que, a su vez, son de baja calidad y, además, llevan consigo inequidad. Por otro lado, las reducidas recaudaciones tributarias derivadas de bajas tasas de impuestos y elevada evasión y elusión.
Los gastos salariales, si bien en proporción del PIB no están por encima del promedio latinoamericano y son relativamente bajos con relación al de los países desarrollados, no se traducen en bienes y servicios de calidad. Al no existir una carrera del servicio civil y un claro delineamiento para el pago de las remuneraciones con base en méritos y resultados, estos recursos terminan destinándose en una parte importante al financiamiento del prebendarismo y clientelismo político.
Un caso extremo es justamente el del Ministerio de Hacienda, que no solo no impidió que en un año en crisis se utilicen recursos para premios sin resultados, sino que pagó a sus propios funcionarios habiendo una caída de las recaudaciones.
En segundo lugar se encuentra el pago de los intereses de la deuda. Paraguay aumentó su endeudamiento, por lo cual a medida que pasen los años se incrementará el servicio del mismo; lo que seguirá llevándose una gran proporción de impuestos.
Finalmente, las jubilaciones. El déficit de la caja fiscal, ocasionado principalmente por policías y militares, es financiado con impuestos. Teniendo en cuenta la injusta estructura tributaria y la baja cobertura nacional de la seguridad social, el financiamiento de este déficit constituye uno de los mecanismos de desigualdad generados por el propio Estado. Los impuestos de personas que no tendrán jamás una jubilación terminan financiando un régimen que no se sostiene autónomamente.
La presión tributaria, de las menores de América Latina y del mundo, sobre todo en comparación con la de los países desarrollados, es la otra cara del problema. Si el país generara impuestos en el nivel y con la justicia fiscal de los países del mismo nivel de desarrollo no tendríamos estas restricciones y menos aún la necesidad de endeudarnos.
Esta situación extrema debe obligarnos a construir un pacto que nos permita salir de nuestro bajo nivel de desarrollo mejorando la calidad del gasto, reformando el sistema tributario y dotándole de mayor equidad al presupuesto, tanto de ingresos como de gasto.
