Editorial

El Paraguay necesita paz política, pero no al costo de la impunidad

Tras el rechazo vía aplanadora colorada en la Cámara de Diputados del pedido de juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez, el vice Hugo Velázquez y el ministro de Hacienda Benigno López, es cierto que el país necesita recuperar la paz política para poder avanzar, pero la estabilidad no se logrará echando un manto de olvido e impunidad sobre los graves errores y los presuntos delitos que ocasionaron la más grave crisis que golpeó a este Gobierno. Ahora el gran desafío corresponde a la Fiscalía, que debe investigar a fondo y aclarar debidamente lo ocurrido, pidiendo que se apliquen las sanciones correspondientes en la Justicia, por más que existan nexos cercanos con los principales involucrados.

Finalmente, la alianza coyuntural entre Mario Abdo Benítez y su principal ex adversario, el ex presidente Horacio Cartes, puso en marcha la aplanadora en la Cámara de Diputados y ayer logró sepultar por 43 votos colorados contra 36 votos de miembros de la oposición la amenaza de un juicio político al presidente de la República, al vicepresidente, Hugo Velázquez, y al ministro de Hacienda, Benigno López, alejando por el momento el mayor factor de crisis política que se había instalado en el país hace cuatro semanas.

El principal argumento de la mayoría de los diputados que defendieron la necesidad de mandar al archivo el pedido de juicio político es que el Paraguay necesita “recuperar la paz política” y que para ello hacía falta poner fin a la posibilidad de juzgar y destituir al jefe de Estado y al segundo en la línea de sucesión, creando una doble acefalía.

Es cierto que la continuidad del clima de inestabilidad ya estaba influyendo negativamente, al paralizar en algunos aspectos el funcionamiento cotidiano de organizaciones del Estado y también estaba afectando negativamente a la economía, pero habrá que preguntarse si la sola anulación del pedido de juicio político permitirá anular también la indignación despertada en varios sectores de la ciudadanía, desde que se reveló que se estaba negociando en secreto un acuerdo bilateral con el Brasil para la compra de energía de Itaipú, que resultaba muy desfavorable para los intereses del Paraguay.

El hecho de que se haya anulado la polémica acta no hace desaparecer la responsabilidad de quienes llevaron adelante una negociación desfavorable para los intereses del país. Mucho menos, si se confirman los graves indicios de que, en forma paralela, estaba en marcha un intento de negociado para vender la energía paraguaya excedente a una empresa brasileña, presuntamente vinculada a la familia del presidente brasileño Jair Bolsonaro, en una oscura operación que involucra al propio vicepresidente paraguayo Hugo Velázquez, a través de un abogado que se presentaba como su asesor jurídico.

Mientras estos graves indicios no sean suficientemente aclarados, no se puede aplicar el argumento que esgrimió el diputado colorado Bachi Núñez de que “muerto el perro, se acabó la rabia”. Ninguna paz política se puede lograr al costo de la impunidad. Por tanto, aceptando el hecho de que no es posible iniciar por el momento ningún juicio político, la responsabilidad de investigar y aclarar lo ocurrido recae por un lado en la Comisión Bicameral de Investigación del propio Congreso –sobre la cual también existe gran desconfianza, por estar conformada en su mayoría por aliados políticos de los principales investigados–, pero principalmente sobre el Ministerio Público, que lleva adelante una causa abierta.

Aunque se sabe que también existen nexos cercanos entre miembros de la Fiscalía con algunos de los acusados de negociar a favor del Brasil y en contra del Paraguay, es de esperar que prevalezca la responsabilidad ética y profesional de los agentes fiscales, el compromiso con la sociedad y por sobre todo la oportunidad de responder a las mejores expectativas de la sociedad de que se haga justicia ante un caso que quedará en la historia.

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