La abogada Raquel Talavera informó que los internos del ya clausurado penal de menores Panchito López comenzarán desde el lunes a cobrar la indemnización que abonará el Estado paraguayo, tras ser sentenciado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
La abogada señaló que son más de 3 millones de dólares que deberá pagar a los familiares a raíz de las numerosas violaciones a los derechos humanos ocurridos entre el 14 de agosto de 1996 y el 25 de julio del 2001, en el citado reclusorio ya clausurado.
Según la sentencia dictada el 2 de setiembre del 2004, la Corte dispuso la indemnización por las muertes, heridas, los daños emergentes a raíz de tres incendios en el reclusorio. Hubo 9 fallecidos por quemaduras, uno por arma de fuego, a más de 39 intoxicados.
Recién son unas 12 personas las que quieren retirar los fondos. Si pasan más de 10 años sin que sean retirados el dinero volverá al Estado Paraguayo.
FONDOS. Explicó que el Ministerio de Hacienda ya depositó la suma de G. 3.797.474.796 en una cuenta del Banco Nacional de Fomento. Talavera expresó que el juicio de ejecución de la sentencia extranjera está en el Juzgado en lo Civil y Comercial del duodécimo turno, a cargo del magistrado Enrique Mongelós.
La abogada requirió la expedición de un cheque a nombre de la señora María Rosa Báez, madre de Arsenio Joel Barrios, quien había sufrido quemaduras en el 22% de su cuerpo. La profesional de derechos humanos indicó que el recluso tenía un solo pulmón y fue derivado a Tacumbú, donde ya falleció.
En total son más de 400 personas, entre reclusos y ex internos, que tienen que ser indemnizadas. Incluso el Estado fue condenado a pagar 5 mil dólares como costas a la Fundación Tekojoja, tras la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Incendios y varios muertos
La Fundación Tekojoja había presentado la denuncia contra el Estado paraguayo el 14 de agosto de 1996, juntamente contra el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), por las numerosas violaciones a los derechos humanos en el penal de menores Panchito López.
Sin embargo, pese a los acuerdos, el 10 de febrero del 2000 se registró el primer incendio en ese penal. El primero de marzo del 2001 hubo otro siniestro y, finalmente, el 25 de julio de ese mismo año el tercer caso similar. Recién ahí el Estado Paraguayo decide cerrar el reclusorio.
Ante esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, Estados Unidos, solicita al país que presente sus observaciones, teniendo en cuenta que los incendios eliminaron la posibilidad de un arreglo amistoso.
Ante esto se remiten los antecedentes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica, donde finalmente los ocho jueces entienden que se debe condenar al Estado Paraguayo a pagar las indemnizaciones a los reclusos y a sus familiares. Los montos van entre 60 mil a 9 mil dólares.